Publicado en Estrategias Martes, 22 Septiembre 2020 06:11

El oficio GSE/0038/2014

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Después de mucho litigarlo, por fin hoy tenemos en nuestras manos la copia del oficio GSE/0038/2014 firmada por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, en el que le da instrucciones a su secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, para que haga todos los trámites necesarios para llevar a cabo el concierto de Emmanuel y Mijares en la Arena Teques. 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 11 de Fracción XVIII, 13 fracciones I, XX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública en el estado de Morelos, concatenado con los artículos 9 y 10 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, otorgo a Usted, la encomienda del asunto relacionado con la presentación en vivo de los artistas conocidos como “EMMANUEL & MIJARES, TWO‘R AMIGOS”, el cual se pretende llevar a cabo en la conocida “Arena Teques” ubicada en Tequesquitengo, Morelos, en el mes de mayo del presente año, por lo que le instruyo a realizar lo conducente, incluyendo la coordinación con la Secretaría de Hacienda para dicho asunto y la suscripción por sí o por conducto de quien corresponda de todos los instrumentos jurídicos que resulten necesarios, todo ello en estricto cumplimiento a la normatividad legal aplicable, con la finalidad de que el evento se lleve a cabo de manera satisfactoria y ordenada dentro del mes señalado”, dice textualmente y luego viene la firma del C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Pareciera intrascendente pero no es así, pues se trata del documento que comprueba la responsabilidad del ex mandatario estatal en el delito de Peculado que hasta el momento sólo ha alcanzado a Álvarez Cisneros, quien mañana miércoles 23 deberá comparecer ante el juzgado penal para que -por fin-se le realice la llamada “formulación de imputación” que debió haberse llevado a cabo desde hace mucho tiempo.

Como ya lo hemos referido en anteriores columnas, el ex secretario de turismo y ex diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, lleva un año escondiéndose de la ley, recurriendo a argucias legales y viéndose beneficiado por la red de protección que tejió durante muchos años, y hasta por la pandemia que paralizó la impartición de justicia.

El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos ha recurrido a todo tipo de argucias legales para evadir la acción de la justicia que lo busca como probable responsable de haber contratado a Manuel Mijares y Emmanuel a un precio muy por encima del real para un concierto en la Arena Teques el 17 de mayo del 2014.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha cejado en su pretensión de tenerlo tras las rejas, para lo cual ha echado mano de recursos legales poco comunes.

Por ejemplo, ¿había sabido usted de una orden de aprehensión para notificarle de que hay una acusación en su contra?

Pues así lo hizo el fiscal anticorrupción Rodolfo Núñez Urquiza, quien se aventó la puntada de solicitar a un juez que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.

La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.

En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.

Por fin pudieron hacerle la notificación para que compareciera ante un Juzgado Penal el 19 de febrero de este año. Propios y extraños se quedaron con la boca abierta cuando la jueza Nancy Aguilar Tovar salió al pasillo a gritar que se suspendía la audiencia programada para ese día a esa hora “porque no hay sala disponible”. Nunca se había visto algo así.

El dos de marzo, en audiencia ante la misma jueza, la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba para sustentar la acusación contra el exsecretario de Turismo, quien presuntamente aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas.

“Hoy 2 de marzo, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se realizó la audiencia de imputación relacionada con la causa JC/1207/2019, en la que se estableció que la contratación de las empresas para el espectáculo, se realizó sin licitación y se pagó mucho más que en otros estados, como Puebla, donde los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos”, informó la Fiscalía Anticorrupción mediante un boletín.

También mencionó que, de acuerdo con el testimonio del representante de los cantantes, el costo por concierto incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo 6 millones de pesos.

Ante la solicitud del agente del Ministerio Público, se fijaron como medidas cautelares que el imputado no puede salir del país y tampoco puede acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto la jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La audiencia fue pospuesta para el 29 de abril, pero entonces vino la suspensión de labores por la pandemia del coronavirus, y Jaime Álvarez pudo pasar la cuarentena en alguna de sus ocho casas (al menos esa fue una de las dificultades que tuvieron los actuarios para poder notificarlo).

El pasado 5 de agosto, la jueza consideró que, en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la reanudación de plazos y términos procesales a partir del 17 de agosto del 2020, se señalan las doce horas del día 23 de septiembre del 2020 para que tenga verificativo la formulación de imputación.

“…debiéndole hacer del conocimiento al imputado de mérito, que queda subsistente del apercibimiento decretado en audiencia de fecha ocho de marzo de dos mil veinte, en el sentido que en caso de no comparecer sin causa justificada, será declarado sustraído de la acción de la justicia y previa petición de la Fiscalía se girará orden de aprehensión en su contra”, dice el documento también en poder de este columnista.

¿Pedirá el ex servidor público la comparecencia de Graco Ramírez para probar ante la juez que actuó por órdenes suyas o se declarará como único responsable del evidente desvío de recursos? Esa es la gran pregunta que flota en el ambiente.

La otra, es si la Fiscalía Anticorrupción solicitará la prisión preventiva dado que la situación de Jaime Álvarez es muy parecida (por aquello de los ocho domicilios) a la de Rosario Robles, hoy presa en el Penal Femenil de la Ciudad de México.

HASTA MAÑANA. 

 

 

Modificado por última vez en Martes, 22 Septiembre 2020 09:34
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