Publicado en Estrategias Viernes, 14 Febrero 2020 05:42

¿Y si no hubiera Nota Roja? Parte II

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Ayer hablábamos en este espacio sobre las empresas que aprovechan el morbo de la gente para vender periódicos, y que a últimas fechas parecieran voceros de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza, pues publican lo que se mandan decir a través de cartulinas que dejan en el piso y para que el aire no las vuele le ponen una cabeza humana encima.

No nos espantamos. Los que llevamos más de 20 años en el periodismo alguna vez tuvimos que cubrir nota roja y era de lo más normal publicar fotos de personas muertas y que la Policía Judicial nos sacara a los detenidos para “darles cine”. Qué derecho a la presunción de inocencia ni qué ocho cuartos.

Pero eran otros tiempos. A partir del 2011 México reconoce los tratados internacionales y cambia garantías individuales por derechos humanos; en 2008 entra en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en Morelos y años después en todo el país.

A partir de la iniciación de los llamados “juicios orales” se terminaron las presentaciones de detenidos por parte de las corporaciones policiacas. Para no quedar mal con la prensa, las hoy llamadas Fiscalías recurren a un truco: que les saquen foto en el trayecto, ya sea antes de entrar al Reclusorio o bien, como le hicieron al Chapo Guzmán, al que un agente federal lo jala para que levante la cara y los fotógrafos puedan hacer su trabajo.

Debido a ese nuevo paradigma jurídico, ahora las autoridades han determinado que los detenidos sí pueden ser exhibidos, pero con los ojos tapados. Se ha caído en el absurdo de publicar a ex servidores públicos -que alguna vez incluso pagaron por aparecer en los periódicos-, sus mismas fotos pero ahora con una rayita que apenas le cubre los ojos y quitándole los apellidos. Así, es muy común que veamos boletines de la Fiscalía diciendo que fueron vinculados a proceso Topiltzin N, Hortencia N, o a nivel nacional Rosario N. En el caso más reciente, ya no es Emilio Lozoya, sino Emilio N.

Así, según las autoridades, se garantiza el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, al mismo tiempo.

En los últimos años (o quizás ahora con mayor fuerza por la multiplicación de los medios de comunicación y los avances tecnológicos), se ha dado lo que se llaman “los juicios paralelos”, en los que uno o varios reporteros cuentan una historia en la que muestran lo que ellos consideran pruebas en contra de una o varias personas, para que sea el público televidente el que dé la sentencia, casi siempre, condenatoria.

Televisa, TV Azteca y ahora Grupo Imagen, pareciera que están en una competencia para ver quién se mete más en los acontecimientos criminales y exhibir a los delincuentes. 

A contrapelo, el profesor y periodista Marco Lara Klahr predica solitariamente lo que él llama el Nuevo Periodismo Judicial.

Como parte de la política criminal, al sistema de justicia penal históricamente se le han atribuido funciones primordialmente represivas, para las cuales ha contado con un “sistema de medios-apéndice”. No es temerario sostener, al menos en forma empírica, que lo que el sistema penal no resuelve en el ámbito procesal, lo “desahoga” en el mediático, incluyendo la imputación, la aportación de “pruebas”, la “sentencia” y la “condena”, pasando por la criminalización de víctimas. Todo esto como parte del proceso de informalización o desinstitucionalización de la justicia, a través de montajes escenográficos con poderosa carga emocional, luego apropiados, “expandidos”17 y lanzados al mercado por los medios noticiosos industriales corporativos, hasta “viralizarse” por el insondable espacio público digital.

Lo anterior es parte de lo que Marco Lara afirma en el texto denominado “Juicios Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas”, realizado conjuntamente con la organización Article 19.

En este Manual, Lara Klahr propone unas sencillas pautas útiles para que los medios noticiosos avancen hacia “la implementación de normas deontológicas con perspectiva de derechos humanos, pudiendo así servir mejor a su público, asegurándose, a la vez, de respetar plenamente la dignidad e integridad de quienes afrontan conflictos penales”.

Argumenta, por ejemplo que el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como la denuncia sistemática de su violación ―de forma especial frente a casos de abuso de autoridad, detención arbitraria, negación de la justicia, tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes, desaparición forzada y ejecución extrajudicial― es inherente a la responsabilidad social de los medios noticiosos. En esto reside su función de supervisión ciudadana del ejercicio

Sostiene que la oportunidad, veracidad y contextualización de la información, al tiempo que su verificación y el contraste de fuentes ―donde las relacionadas con el conflicto penal resultan obligadas frente a la “versión oficial”― son aspectos ineludibles de la calidad noticiosa.

“Pero la ética profesional y empresarial de un medio no se reduce a su independencia respecto de las fuentes y los anunciantes ―incluidos, por supuesto, las del sistema de justicia penal―, ni a la veracidad de la información, sino que se extiende al grado de respeto por la dignidad e integridad de las personas, en especial cuando se hallan vulnerables al protagonizar un conflicto penal”, afirma.

Considera que el medio debe abstenerse y desautorizar a sus periodistas de participar en la exhibición mediática de personas víctimas, detenidas o imputadas de delito, así como en la legitimación de posibles violadores de derechos humanos, no sólo por el impacto que esta práctica tiene en los derechos del público y de tales personas, sino por su efecto corruptor del proceso penal y la justicia toda.

Recalca que las personas víctimas de la violencia y el delito, además de sus derechos a la protección de la justicia y la restauración, gozan de garantías específicas si son niñas, niños y mujeres, o indígenas, migrantes, con discapacidad o pertenecientes a la comunidad lgbtiq. Más aún si están expuestas en el espacio público. El/la periodista ha de proteger sus derechos y denunciar su violación, considerando que la condición de víctimas no la tienen solamente las y los afectados directamente por el delito, sino quienes integran su entorno más personal.

Se ve muy lejano el día que el periodismo se rija por estas pautas de ética, sobre todo cuando los intereses económicos están por encima de cualquier otra cosa.

Sin embargo, algún día la sociedad “cambiará de chip” y entonces se reconocerá el esfuerzo de Marco Lara.

HASTA EL LUNES.

 

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