Publicado en Estrategias Martes, 15 Octubre 2019 05:31

La camioneta de Graco

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Graco es corrupto pero no tiene un pelo de tonto. Un año de rascarle a todo su sexenio no ha sido suficiente para encontrar pruebas del saqueo que orquestó con su familia, ganancias que hoy lo mantienen con la vida económicamente resuelta.

El ex gobernador perredista (que hoy le anda coqueteando a Morena a través del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla) tuvo la precaución de usar prestanombres y de no firmar ningún documento que lo comprometa. Bueno, casi ninguno.

Al parecer, luego de un análisis exhaustivo, a Graco Ramírez “lo han pillado” (como dicen los españoles) en un asunto que pareciera insignificante, sobre todo comparado con todos los millones que se llevó, pero que representa –jurídicamente hablando- el único caso en el que se acreditan todas las agravantes que podrían lograr que haya un expediente penal con el nombre de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en calidad de “imputado” y que se expida la esperadísima ORDEN DE APREHENSIÓN en su contra.

La historia ya es del dominio público, y a la fecha nos seguimos preguntando qué fue lo que impulsó a Graco a solicitar un crédito para vehículo a unos días de dejar el cargo. ¿Es una burla? ¿demostración de poder? ¿realmente sí pensaba quedarse a vivir en Morelos y dar clases en la UAEM?

Nadie lo sabe, el hecho es que el 18 de septiembre de 2018 el Instituto de Crédito liberó el cheque número 0020860 por la cantidad de 600 mil pesos con el que el todavía gobernador adquirió el vehículo marca CHEVROLET, Línea TRAVERSE LT MOTOR 3.6L, PIEL, 7 PASAJEROS, Modelo 2018, CLASE 1NC56-B, Color Cuarzo Metálico.

Lo anterior, a pesar de que con fecha 03 de julio de 2013, el mismo Graco Ramírez fue quien expidió el “ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE EN MATERIA DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD SE DEBERÁN OBSERVAR PARA EL USO DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”.

En ese acuerdo fue en el que se establecieron los términos y condiciones de aplicación para dicho crédito y que de forma dolosa y abusando de la autoridad del mismo transgredió esa norma en confabulación con el entonces Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Jorge Michel Luna y la directora del Instituto Paula Trade Hidalgo.

“De modo tal que, con base en los datos de prueba ya incorporados se advierte que los ex servidores públicos señalados como probables responsables, en el desempeño de su cargo, indebidamente otorgaron un contrato –de “Crédito para vehículo 02”- (la entonces Directora del Instituto de Crédito) y una autorización –oficio número SH/2021-8/2018- (el ex Secretario de Hacienda) de contenido económico –por $734,687.04 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100- sin causa justificada –fuera de los parámetros establecidos en el Acuerdo supra referido-,  a favor de una persona que a sabiendas de la ilicitud del acto (el ex gobernador) que promovió o solicitó la perpetración de los delitos previstos en el artículo 276, fracción I y segundo párrafo”, dice la denuncia presentada por el Instituto de Crédito ante el Ministerio Público.

“De ahí que, tal y como esa Representación Social podrá constatar, JORGE MICHEL LUNA, entonces Secretario de Hacienda y GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, entonces Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, al ser integrantes del máximo Órgano Colegiado del Instituto que represento, tenían pleno conocimiento de todo lo aprobado y acordado por los integrantes, en este caso, del contenido del acuerdo A9/SO2a/16-04-18, a través del cual se establecieron los criterios para la ejecución del diverso A16/SO4a/15-07-13, mismo que en su disposición Segunda preveía que los servidores públicos que podrían gozar del denominado “Crédito para la adquisición de vehículo 02”, serían aquellos notificados por la Secretaría de Hacienda conforme al Transitorio Tercero de los Lineamientos”, agrega.

Luego entonces, queda plenamente acreditado que los referidos ex servidores públicos, tenían conocimiento del procedimiento a seguir y qué servidores públicos podrían ser los beneficiados por el denominado “Crédito para la adquisición de vehículo 02”.

“Con lo expuesto se acredita la ilegal y dolosa conducta perpetrada por los imputados denunciados ya que como ha quedado acreditado, el ex Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, tenía el nivel 101, atendiendo al Tabulador de Sueldos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 2018, por lo que no tenía derecho al crédito aludido”, señala el documento cuya copia obra en poder de este columnista.

Sin embargo, por alguna extraña razón la denuncia no ha sido remitida a un Juez Penal no obstante que el Instituto de Crédito presentó todas las pruebas, lo que vuelve a encender las dudas acerca de que el ex gobernador dejó a las personas idóneas para quedar “blindado” ante cualquier posibilidad de ser enjuiciado.

A cambio de no molestar al ex gobernador, la Fiscalía Anticorrupción le está dando “carnita” a la actual administración, como es la judicialización de una carpeta en contra de la ex directora general de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Morelos, por los delitos de Uso de Documento Falso, Abuso de Autoridad y Fraude Procesal.

El pasado viernes 11 de Octubre, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se realizó la audiencia en la que la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 33 datos de prueba en contra de la ex funcionaria estatal que no es cualquiera, sino nada más y nada menos que la esposa del ex secretario de Gobierno, Anahí Bahena López, esposa de Miguel Ángel Colín, una de las personas más cercanas a Graco Ramírez, tan cercano que lo hizo secretario de Gobierno sin merecimiento alguno.

Anahí "N" es acusada de presuntamente presentar documentos con información falseada para obtener su "pensión dorada", ya que no reunía los requisitos para poder obtener el pago mensual del 50% de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo este jueves en Atlacholoaya. En una de esas la convierten en la “Rosario Robles” de Morelos.

HASTA MAÑANA.

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