Publicado en Estrategias Viernes, 02 Agosto 2019 05:43

Lo que ocurría en la Zona Militar

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Uno de los anuncios más espectaculares de Graco Ramírez Garrido Abreu el día que tomó posesión como gobernador de Morelos fue que todos los lunes en la mañana se realizaría una reunión en la Zona Militar para evaluar las cuestiones de seguridad en la entidad, cónclave al que asistirían los titulares de la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Tribunal Superior de Justicia, así como los representantes de la SEDENA, PGR, CISEN y Policía Federal. Ah, y el secretario de Información y Comunicación Social.

La medida tuvo un impacto mediático importante: todas las fuerzas estatales y federales reunidas con el jefe del Ejecutivo a la cabeza y con el único fin de garantizarle a los morelenses su seguridad. Hasta ese momento muchos morelenses creían que sí podría hacerse realidad la promesa de bajar la delincuencia en año y medio.

Pero en los hechos, las famosas reuniones de la Coordinación Morelos sólo sirvieron para que los jefes de las instituciones y corporaciones mencionadas intercambiaran reclamos y se quejaran con el gobernador o su representante. Después del segundo año el jefe del Ejecutivo ya casi no asistía a esas reuniones, y si no va el jefe máximo pues los demás tampoco, sino que enviaban a sus representantes, convirtiéndose lo que parecía ser una excelente estrategia, en una reunión sólo por compromiso y por lo tanto carente de eficacia.

Los asistentes a esa reunión fueron testigos de varios “piques” entre servidores públicos. Imagínense la atmósfera que se respiraba en la reunión posterior a que el entonces procurador Rodrigo Dorantes había sido víctima de un atentado donde los autores materiales eran nada menos que elementos de la Policía Preventiva Estatal, a cargo de la entonces secretaria de Seguridad Pública, la polémica Alicia Vázquez Luna.

De anécdota también la actitud de quien era jefe de la zona militar cuando tomó posesión Graco Ramírez, el General Luis Villegas Melendez, quien en tono amable pero firme le dijo al gobernador que su jefe era el secretario de la Defensa y no él. A los pocos días se anunció su relevo, y en su lugar llegó el general Sergio Ricardo Martínez Luis.

A cinco años de distancia debo reconocer que el jefe de la zona militar y quien esto escribe trabaron una amistad que terminó por culpa de Pepe Montes. Pero esa es otra historia.

Un día, Martínez Luis manifestó su desacuerdo con la permanencia de Vázquez Luna ausentándose varias semanas de la reunión. El motivo era que policías estatales le habían detenido a unos elementos de inteligencia militar que circulaban armados en un vehículo particular sobre la avenida Estado de Puebla, y “la señora secretaria” no quiso dejarlos en libertad hasta que habló el general directamente.

Por su formación militar, para el general las únicas mujeres que podían acceder a una reunión tan importante eran las que entraban a servir el café y las que se encargaban de tomar notas. Por eso no pudo ocultar su satisfacción cuando, en diciembre del 2013 el propio Graco Ramírez le comunicó que Alicia ya se iba, y le pidió que le recomendará a dos militares para los cargos de director de la Policía Ministerial y subprocurador metropolitano.

Martínez Luis recomendó a Martín Rizo Muñoz para la Policía Ministerial y a Sergio Bautista Sánchez para la Subprocuraduría Metropolitana, ambos con rango militar de Mayor.

Pero lejos de mejorar la relación entre los participantes de las reuniones de los lunes, ésta se volvió todavía más ríspida, ahora por culpa del nuevo titular de Seguridad Pública.

Ninguna escena tan ríspida se había visto como la que se dio a finales del 2014, cuando -para no variar- el jefe del Ejecutivo estuvo representado por el secretario de Gobierno Jorge Messeguer.

Ese día el Comisionado de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra (quien sustituyó a Alicia Vázquez Luna), llegó “con la espada desenvainada” y arremetió contra la Fiscalía General. Se quejó con su jefe Messeguer de que la Fiscalía General le estaba orquestando una guerra sucia para desacreditar su trabajo.

El tema era el fallecimiento de un individuo de nombre Francisco, quien habiendo sido detenido por la Policía del Mando Único en Temixco por Violencia Intrafamiliar, falleció dentro de las instalaciones de “Torre Morelos”, pero para evadir su responsabilidad Capella ordenó que ya muerto fuera trasladado al hospital del ISSSTE en el municipio de Emiliano Zapata.

Así, en lugar de quedar registrado el levantamiento dentro de la Base del Mando Único, el Ministerio Público asentó en su acta que la diligencia se realizó a las 18 horas del 18 de septiembre del 2014 a bordo de la ambulancia 004 del ERUM, en la entrada del nosocomio mencionado.

Pero lo peor para Capella fue que la Fiscalía hizo la necropsia “demasiado rápido” y Dorantes informó de inmediato al gobernador de los resultados.

Cuentan los testigos de esa reunión que fue el subprocurador metropolitano, el Mayor Sergio Humberto Bautista Sánchez, quien ya iba preparado y mostró a los presentes las fotografías donde se notaba que el detenido había muerto por las lesiones que le habían inferido y no de manera natural  como pretendían hacerlo creer Capella.

“Yo no voy a responder por esto”, dijo el militar mientras mostraba la necropsia.

El Comisionado de Seguridad ya no tuvo más qué decir, en tanto que el secretario Messeguer recomendó abrir módulos para recibir quejas en contra de la Policía de Mando Único y pidió más cuidado en el manejo de los detenidos, “porque Lucero (Benítez Villaseñor)  anda desatada”, en referencia a las constantes recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Por ese detalle, cuando el 4 de octubre de 2014 se recibió una llamada indicando que en el restaurant Puerto Pacífico se encontraba comiendo Benjamín Mondragón alias “El Benjamón”, y el jefe de la Policía Ministerial, Martín Rizo, hizo “el oso de su vida” al tratar de detener al ex magistrado Fernando Blumenkron Escobar, la gente de la Fiscalía dio por hecho que se trató de un acto de venganza del Comisionado o su grupo.

Y es que, en el operativo que terminó con una disculpa pública de un avergonzado Mayor Martín Rizo Muñoz, participaron militares, federales y ministeriales, pero no elementos del tijuanense.

Así, el gabinete de seguridad se había dividido en dos bandos: el de los dos militares apoyados por su jefe Rodrigo Dorantes, y obviamente por el general Martínez Luis (que fue el que los recomendó), y por el otro lado Jesús Alberto Capella, apoyado en su momento por su jefe Jorge Messeguer Guillén, y teniendo como aliada en la antes Procuraduría a la fiscal especializada en Delitos de Alto Impacto, Adriana Pineda Fernández.

HASTA EL LUNES.

 

Modificado por última vez en Domingo, 04 Agosto 2019 08:44
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