El marco institucional de las elecciones tiene como eje desde por lo menos 1996 al Consejo General del IFE y al Tribunal Electoral y a una serie de leyes, acuerdos y resoluciones que establecen, en su conjunto, condiciones de equidad en la contienda. No es un esquema perfecto en la medida que el acceso al dinero y a otros recursos, desde los orígenes de la democracia en los países capitalistas, no deja de ser un elemento determinante. (El menos malo de los sistemas, Churchill dixit). Pero estas son precisamente las condiciones en las que siempre han aceptado participar todos los candidatos (López Obrador de hecho ya dos veces, o tres si se incluye la elección en el DF que ganó en el 2000). Son también las condiciones que todos los partidos avalan dia a dia.

Pero ahora los seguidores intelectuales de Andrés Manuel López Obrador claman fraude, y pretenden probarlo... con anécdotas (véase, "Fraude 2012", escrito por Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, et. al., un folleto de cerca de 50 páginas).

El proceso electoral mexicano es uno de los más regulados en el mundo. Prácticamente todos los pasos, aspectos, hipótesis, accidentes, etc. que suceden o pueden suceder en una elección traen aparejados una disposición que los norma, ordena o sanciona. Pero ni un Leviatán --ominpotente u ominpresente-- puede evitar que los ciudadanos, empresas, partidos o candidatos transgredan la ley. Lo que si puede es castigarlos. Y de hecho, todas las acciones ilegales presuntamente cometidas por los contrincantes de López Obrador están consideradas en el Código Penal, el Cofipe y otras disposiciones jurídicas complementarias.

Sin embargo, aun en el supuesto de que dichas irregularidades hubiesen ocurrido, ello no significa que se hubiese cometido un "fraude" en las elecciones pasadas. Argumentar que la derrota de López Obrador es producto de un fraude es negar lo que se ha construido en las últimas dos décadas (con la participación de ciudadanos, partidos políticos, incluidos el PRD, PT y MC, Consejeros del IFE como el propio abogado de esta causa, Jaime Cárdenas, y otros tantos actores). Y querer hacer una comparación con lo sucedido en las elecciones de la post-Revolución, como lo pretenden Taibo, Poniatowska y compañía, es históricamente insostenible. O es una muy mala historiografía o simplemente no se conoce la historia política del siglo XX.

Las reglas que rigen las elecciones en México no son perfectas, pero tampoco lo son las de cualquier otra democracia moderna en Norteamérica, América Latina o Europa occidental. Nuestro sistema establece bases para elecciones competitivas en las que, por lo menos, tres partidos (PRI, PAN y el PRD) tienen posibilidades de ganar la Presidencia de la República.

Contra esta realidad concreta, estructural y jurídica, los seguidores más devotos de Andrés Manuel López Obrador cuentan historias de abusos, excesos y dispendio, como que "en Pahuatlán funcionarios públicos reparten machetes... En Tlacuilotepec reparten material de construcción, en Chila serán tarjetas telefónicas; en Ahuazotepec se distribuyen despensas la noche anterior a las elecciones..."

Un hilo de anécdotas no son evidencia de un fraude; ni siquiera califican en la mayoría de los casos como pruebas para una impugnación ante el Tribunal Electoral.

En cualquier caso, a pesar de que muchas de estas historias fuesen verdad y tuvieran el alcance que pretenden los cronistas de "Fraude 2012", el querer descalificar las elecciones presidenciales a partir de ellas es, por lo menos, simplista. Significa, entre otras cosas, desconocer el funcionamiento de un sistema electoral probado y sofisticado (del que se ha beneficiado el propio PRD). Las presuntas infracciones y delitos están tipificados y deben sancionarse en su caso. Pero aun de probarse su existencia, ésto no se traduce en una elección fraudulenta -- --aunque haya perdido López Obrador.

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Ex-Consejero Electoral del IFE

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