Tenía razón Lucero Ivonne Benítez Treviño, quien encabeza la Comisión de los Derechos Humanos en Morelos, en el sentido –como lo escribimos el 26 de julio en estas mismas páginas- de que éste (el CEMPLA) carece de las condiciones apropiadas para custodia de los jóvenes internos, entre ellos Edgar alias “El Ponchis”.
De los males el menor, reza el refrán, entre los fugados no se encuentra el “niño sicario”, “Edgar N”, sin embargo no es menos el tema, se trata de tres adolescentes recluidos por robo calificado, por robo calificado en pandilla y tentativa de secuestro, así como robo y portación de arma de fuego.
La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) estatal confirmó el suceso luego de realizar el pase de lista a los jóvenes recluidos, a las 7:30 horas aproximadamente, y darse cuenta de su desaparición. La noticia corrió como pólvora encendida a partir de las 9:10 de la mañana.
En nuestro artículo citado, la licenciada Evelia Flores Hernández, directora general desde enero de 2011, precisamente de este Centro que nace como consecuencia de la iniciación de vigencia de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, nos aseguró que sí existían los programas, el personal, las instalaciones y la normatividad, para dar atención a cualquier adolescente allí remitido. Su destitución es inminente. Será sujeta a investigación por supuesto.
Nadie puede señalar su culpabilidad, pero al ser centro de atención nacional e internacional, es por demás exigible el cese inmediato de todos quienes forman parte de este centro de internamiento; se advierte que entre los jóvenes fugados, bien pudo haber estado el niño tan estudiado pero además maltratado.
Lo del maltrato, es importante referirlo, porque es inconcebible que los medios de comunicación, hoy vean al sujeto y no el fenómeno que lo orilló a delinquir. No admitimos, bajo ninguna circunstancia o estrategia mercadológica, que un programa televisivo titule su tema como “Pinche Ponchis”. No, rotundo no a esa forma de hacer periodismo.
Su condena atiende los que la Ley correspondiente manda; obtuvo la pena máxima. Por grave que hayan sido los delitos cometidos, se hizo justicia. Pese a quien le pese.
Otro debate es si es o no conveniente la reducción de la edad penal, la aplicación de la cadena perpetua o la pena capital. Hoy nuestras leyes establecen los términos y sanciones para adolescentes; por eso, y ante ello, no es correcto “satanizar”, ubicar como “despreciable”, señalar como “diabólico”, a quien hoy tiene la posibilidad, pero además sobre quien el estado tiene la responsabilidad y reto, de reintegrarse a la sociedad.
Queda claro, que los programas y estrategias del CEMPLA, ante esta fuga, dista mucho de lograr, como lo marca la ley: la protección integral, el respeto a derechos del adolescente, su interés superior, su formación integral, y la reinserción en su familia y la sociedad.
¿Por qué huir, si la salida estaba próxima? ¿Por qué correr si el tratamiento es el apropiado y debe alejar del pensamiento delincuencial a los allí internos? ¿Por qué arriesgar andar a salto de mata si su plazo no podría exceder la estancia máxima de tres años?
Estamos obligados ahora a hacerle caso a la postura de la Comisión de los Derechos Humanos; la alerta que Lucero Benítez lanzó, fue minimizada. En este momento deberán haberse replanteado estos señalamientos y evitar algún otro susto que traiga consecuencias graves. Si así lograron salir, cualquiera puede entrar. Antecedentes hay y nada grato han sido sus efectos.
Exijamos todos, levantemos la voz, para que nuestras autoridades, las de hoy y las que llegarán, cumplan con el compromiso y obligación para otorgar más educación, más recreación, más deporte, más oportunidades laborales, más cultura, más tecnología, más alternativas de desarrollo familiar.
Al aire
Platicaremos con Lucero Benítez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¡Uff! Seguro tendrá mucho que señalar.
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