Desde el 2018 quedó establecida a nivel constitucional y en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos la limitante para que ningún servidor público pueda recibir una remuneración mayor a la que recibe el presidente de la república.

A ocho años de distancia de la entrada en vigor de esta política de austeridad implementada desde la Federación, hay funcionarios que —de una u otra manera— han logrado sortear estos ordenamientos a partir de vacíos legales que les han permitido mantener privilegios.

Por supuesto que los estados no debieron quedar eximidos de esta medida, que aplica para los tres Poderes. La gobernadora del estado anunció ayer que su administración trabaja para limitar estos abusos.

A partir de la experiencia federal, sería pertinente que desde el ámbito estatal se revise con detenimiento la actual normatividad para cerrar esos espacios que, hasta hoy, permiten a unos cuantos gozar de privilegios que la mayoría de los morelenses no tenemos, pero que sí pagamos.