Tras la presentación del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, los Congresos locales empezaron a revisar qué áreas son susceptibles de eliminar o ajustar ante lo que será un inminente recorte en sus presupuestos para el año 2027.

La propuesta presidencial no tendrá mayores inconvenientes, pues desde que se planteó su contenido los partidos aliados a Morena levantaron la mano para apoyarla en dos temas centrales: limitar el presupuesto a Congresos locales y la reducción del gasto en cabildos.

En Morelos se entendió que el tema no tendrá vuelta atrás, y por ello, además de hacer una revisión concienzuda del uso del presupuesto, se aceleró el análisis de la viabilidad del Instituto de Pensiones, que en teoría permitiría al Legislativo descargar en él el 70% de sus pasivos laborales y quedarse con lo estrictamente necesario para su operación. Pasar de 637 millones a 270, sin duda, representará un gran reto en materia administrativa.