La propuesta presentada ayer en el Congreso de Morelos para castigar con mayor severidad a los asaltantes de cuentahabientes —en la que se incluye tanto al actor material como a posibles cómplices que operen desde dentro de las instituciones financieras— debería no sólo tratar de inhibir este delito, sino también reducir la impunidad que lo rodea y que impacta de manera considerable en su incidencia.

Realmente son pocos los casos de asalto a clientes bancarios que terminan en detenciones, y eso vuelve este delito atractivo para las bandas criminales que —sabedoras de ello— han extendido sus tentáculos para cooptar a empleados bancarios.

Por ello es urgente que ante las primeras detenciones, la autoridad mande un mensaje muy concreto: que existe capacidad en Morelos para combatir frontalmente este delito que afecta de manera significativa a la ciudadanía, y también que quienes sean aprehendidos serán llevados ante la justicia con toda la severidad que amerita. Durante muchos años la población se ha sentido a merced de estos criminales, y la respuesta institucional ha sido la omisión.