En esta semana, la Federación y el estado han dado dos pasos importantes en el combate a la extorsión. En el ámbito federal, finalmente ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la tan anhelada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su discusión en lo particular generó debates interesantes en aspectos como lo concerniente a una eventual disparidad en las penas entre el ordenamiento federal y algunos códigos penales locales, que tienden a reducirlas; además de que fue señalada por contener supuestas deficiencias en cuanto a los castigos que se prevén para servidores públicos que sean cómplices del delito de extorsión.

En el ámbito estatal también se hizo la tarea, pues se presentó una campaña para prevenir la extorsión, que busca incentivar la denuncia ciudadana, que dicho sea de paso, al aprobarse el nuevo ordenamiento federal, podrá ser anónima.

La nueva ley apenas será remitida al Senado, donde no tendrá mayor problema para ser aprobada, y una vez que entre en vigor, las legislaturas locales tendrán 180 días naturales para armonizar sus leyes.