Ayer, el gremio transportista acordó con la Coordinación General de Movilidad presentar una contrapropuesta de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos, con un enfoque “más justo y equitativo”.

La pregunta que salta de inmediato es: ¿para quién? Pues si emana de ellos, difícilmente estará alejada de blindar sus intereses, por lo que el Poder Ejecutivo deberá analizar bien ambas iniciativas para determinar qué puntos —de los que han causado controversia— se mantienen y cuáles son desechados o cambiados.

Si bien la iniciativa original contiene aspectos que parecerían ambiguos, y otros tantos que deben asentarse de una manera más precisa —como el caso de las concesiones—, no sería correcto dejar al gremio un porcentaje tan elevado de la regulación, pues sería una especie de juez y parte, lo que la alejaría de manera diametral de sus objetivos.