La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 —realizada por el Inegi— afirma que el 30 por ciento de los morelenses considera a la corrupción como el cuarto problema más grave en la entidad. En 2022, un reporte elaborado por el World Justice Project (WJP) señalaba que Morelos era la entidad con el nivel de corrupción más alto en el país.

Ayer vino a Morelos la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y lanzó críticas tanto a la pasada administración estatal, a quien acusó de desmantelar este sistema en la entidad, como a los diputados —anteriores y actuales— por no hacer los nombramientos pertinentes que hagan que este sistema funcione de manera adecuada.

Lo cierto es que el Sistema Nacional Anticorrupción prácticamente fue desahuciado desde la Federación en repetidas ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión arremetió contra él al tacharlo de innecesario y oneroso. ¿Quién iba a contravenir esa indicación?