Sin duda alguna, esta modificación legislativa es una noticia positiva, --en especial ante la reducción presupuestaria que el sector ha sufrido en los últimos años--, ya que se inserta en la ruta de construir una política educativa de Estado que apunte más allá de los ciclos sexenales. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales como Cámara revisora.

La obligación del Estado para efectuar inversiones en educación está –o debería de estar- fuera de toda controversia, porque es una pieza clave en la definición del carácter y perfil de una nación. Por eso ello todo proyecto nacional, necesariamente, debe de estar sustentado en un plan de obra educativo que en prospectiva identifique los bienes y servicios que requiere la educación. Implica tomar en cuenta el impacto que éstos tendrán, por ejemplo, frente al el crecimiento poblacional en edad escolar. También a la calidad y cobertura a la que se aspire, a la probable extensión de los grados escolares obligatorios, el aumento de la matrícula en la educación media y superior, o bien, a la ubicación de tecnologías de la información y la comunicación emergentes que revistan mayores beneficios para la práctica docente. El modelo educativo en educación básica, en este sentido, cuenta con proyectos y programas en esa dirección.

En busca de los equilibrios financieros

Es de esperar, por otro lado, que la crisis del financiamiento de la educación encuentre alternativas. Y éstas indudablemente conllevan a la negociación política. El legislativo ha reconocido las deficiencias y la problemática que aquejan hoy en día al sector educativo. Se requieren mayores recursos para el mejoramiento de la infraestructura y la cobertura educativa -acorde al crecimiento de la población estudiantil-, la actualización de la remuneración de los docentes, así como un mayor financiamiento a los programas de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros. Desde que se activó la crisis económica global diversas instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han instado a los Estados miembros para que no limiten el gasto educativo en aras de equilibrar sus finanzas públicas.

De ahí la necesidad de hacer planteamientos y generar iniciativas que doten a la educación de mayores recursos, aunque es de suma importancia que el Poder Legislativo, como lo han externado los rectores de las instituciones de educación superior más importantes del país, redefina junto con los propios actores del proceso educativo el marco conceptual del financiamiento a la educación. En este proceso es imprescindible que las entidades federativas se sumen a la construcción de una política educativa de Estado.

El gasto educativo en México

En el periodo de 1995 a 2008, el sector educativo (véase “Evolución del Gasto en Educación en México”, AZ Revista de Educación y Cultura, Noviembre 2010, en www.revistaaz.com) alcanzó cerca de la quinta parte del gasto público federal programable, pero en 2009 recibió únicamente el 20.6 por ciento.

El gasto de la educación pública y los servicios educativos (infraestructura educativa, suministros y servicios generales) en México no sólo comprende cada uno de los niveles de educación (básica en sus tres niveles, media y superior) sino también la educación para adultos, el desarrollo y promoción de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. La Ley General de Educación, en su artículo 25 establece que el financiamiento del Estado-Federación, entidades y municipios destinen al gasto en educación pública y servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, el cual también dispone que de ese presupuesto se debe asignar, al menos, “el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”.

Los recursos asignados a la educación, como porcentaje del PIB, se encuentra debajo del 50 por ciento respecto a lo que establece la Ley General de Educación. El financiamiento para sector en 2006 fue de 3.44 por ciento; en 2007, de 3.48; en 2008, de 3.56. Para este año, disminuyó una décima de punto al pasar de 3.8 por ciento en 2010 al 3.7 por ciento en 2011, es decir, un crecimiento casi nulo y, a la vez, una disminución real de una décima porcentual en el último periodo.

Este es el panorama donde se ubica el debate sobre el gasto a la educación pública, ante la restricción de los recursos económicos al sector. Las aportaciones e iniciativas del Congreso de la Unión para fortalecer a la educación pública son dignas de reconocer. Se requiere, sin embargo, de una mayor inversión en la educación. La tarea pendiente, es avanzar con mayor celeridad para llegar al 8 por ciento del PIB que dispone la Ley General de Educación.

Alrededor del país.-

Senado de la República.- Hizo bien el Senador Rafael Ochoa, secretario general ejecutivo del SNTE, en recordarle al Senador Ricardo Monreal, ex Gobernador de Zacatecas, la ruta incongruente y contradictoria que ha seguido en su relación con la política educativa y el sindicato de maestros --desde el sexenio en que gobernó su estado. Su injerencia en los asuntos internos de los maestros en ese entonces no le parece ahora anti-democrática.

PISA 2009.- Con el objetivo de contribuir al debate sobre la prueba PISA, cuyos resultados fueron dados a conocer por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre pasado, Az, Revista de Educación y Cultura analiza en su más reciente número esta asignatura --en términos de evaluación de la educación-- a través de un grupo de articulistas, entre ellos, Fernando González, Subsecretario de Educación Básica de la SEP; José Antonio Ardavín, Director del Centro de la OCDE en México, Margarita Zorrilla Fierro, Directora General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como David Calderón, Director General de la organización privada Mexicanos Primero.

La revista incluye también un análisis jurídico de Ricardo Sepúlveda, sobre la facultad para investigar violaciones graves a las garantías individuales, la cual fue trasladada del ámbito de facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Finalmente, dicho ejemplar incluye una entrevista con una mujer de ciencia, la Dra. Silvia Torres Castilleja, quien fue reconocida con el Premio L’Oreal-Unesco, por sus contribuciones al estudio de la composición química de las nebulosas planetarias, lo que ayuda a entender la historia de nuestra galaxia. El premio le fue entregado en días pasados en París, Francia.