México ocupa el último lugar en la medición sobre la calidad educativa, de acuerdo a los resultados de la prueba PISA. Y como nación ello implica un reto fundamental: de la manera en que el país responda a este desafío de la calidad educativa a nivel mundial depende, y dependerá, el nivel de desarrollo, la calidad de vida, el bienestar, el salario, el ingreso de esta y las próximas generaciones e nuestro país.

Pero a pesar de la importancia que tiene este desafío para la calidad de vida de los mexicanos, el hecho es que el Estado mexicano ha sido omiso durante muchos años en darle realmente la prioridad y la jerarquía que debería tener dentro de las políticas públicas el tema de la educación.

En el discurso siempre ha sido un tema aludido, reconocido como importante. En la práctica de la gestión y la administración pública ha sido marginado a un segundo plano, para atender temas de seguridad, recientemente, o incluso antes, para solucionar asuntos macroeconómicos, o de otra naturaleza.

La historia nos alcanzó. ¿Cómo insertar a los jóvenes egresados de nuestras universidades al mercado laboral, cuando la competitividad del país está en entredicho? Los grandes flujos de capital, de los que dependen el bienestar de cualquier país integrado a la globalización como México, dependen, entre otros de manera muy importante, del indicador que tenga en materia de calidad educativa .

¿Por qué? En parte porque en términos de la propia agenda educativa ha habido insuficiencia, falta de coordinación, falta de voluntad, incluso, de las autoridades educativas federales de los últimos años por desarrollar una agenda sistemática de mejoría en las políticas públicas. Se han introducido elementos muy importantes: la evaluación que se aplica desde hace diez años, a través de un organismo propuesto por el magisterio nacional, como lo es el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Y sin embargo, la evaluación no ha servido como un medio para mejorar las políticas públicas y sí como un medio propagandístico para una agenda política.

A nivel macro la educación no ha sido integrada dentro de las políticas públicas integrales de un gobierno. Mejorar la calidad educativa no solo implica invertir en formación y capacitación de los profesores. No se trata únicamente de invertir en techos y pisos en las escuelas, o dotar a las mismas de pupitres, o de las tecnologías de la información y la comunicación. También se requiere de una acción concertada –que no se ha tenido- entorno a la escuela que involucre a las secretarias y a las políticas públicas de salud, seguridad pública, medio ambiente, de infraestructura y obra pública.

Se requiere crear el contexto de desarrollo para que los niños y los jóvenes puedan ir la escuela bien alimentados, en condiciones de seguridad, con maestros bien formados, con tecnología en el aula. Implica, por ende, de una política integral del Estado, de la que se ha carecido en los últimos años.

Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el Estado mexicano no invirtió en la infraestructura necesaria para educar en inglés. Si hoy les decimos a los maestros eduquen en inglés va a decir “sí”; fórmenos en inglés y el Estado mexicano les diría que no hay escuelas y universidades para formar en inglés a los maestros que el país requiere para educar en este idioma a las nuevas generaciones.  Se tiene que iniciar un proceso articulado con otros procesos de inversión en infraestructura y formación de maestros que piense a futuro, que vaya formando a las nuevas generaciones de maestros, actualizando a las generaciones ahora en funciones para las necesidades que ya sabemos van a venir en cinco, diez y veinte años. O podemos esperar que transcurran esos 20 años y volvamos a decir por qué los maestros no están preparados para enseñar en mandarín.

*Doctor en Ciencias Políticas por Harvard y director de AZ Revista de Educación y Cultura.