En una reunión celebrada ayer en un restaurante del poblado de San José Vistahermosa, entre la diputada y el Foro de Abogados de Morelos (integrado por el consejo de juristas, la asociación de abogados cristianos, la asociación de abogados penalistas y el colegio de abogados), el presidente estatal del organismo Pedro Martínez Bello resumió que solicitaron a la legisladora dos temas puntuales, entre otros.
“Hay temas que interesan a los abogados de la zona surponiente en particular y de manera general a todos los morelenses, como es el tema de la Fiscalía General de Justicia (cuyo nuevo titular deberá ser aprobado por el Congreso del estado próximamente). Quien tiene que estar al frente de dicha institución, debe cumplir con una serie de características. Debe ser un conocedor del sistema de justicia penal adversarial, debe conocer la geografía política de la entidad federativa y debe de conocer el contexto social de Morelos”.
Dijo que quien llegue, debe socializar con toda la sociedad.
Interrogado acerca de si uno de los tres propuestos en la terna que presentó el gobernador corresponde al perfil requerido, respondió que la facultad de la terna corresponde al Ejecutivo estatal y la responsabilidad ahora es del Legislativo, el cual “debe hace el mejor de los análisis”.
Por otra parte, destacó que el Poder Judicial no ha terminado de implementar las salas de juicios orales en la zona surponiente (que estarán en Jojutla), lo que va en detrimento de los abogados de la región sur. “El cliente prefiere buscar un abogado en Cuernavaca, porque allá sí se están desarrollando, lo que va en detrimento de su profesión (de los abogados) y su economía”.
También mencionó que la fiscalía regional sur no funciona adecuadamente. “La Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Seguridad son rubros que deben ser analizados constantemente. Pese a los cambios que se han realizado, creo que siempre faltan cosas por implementar”.
Por su parte, Figueroa Peralta se comprometió a revisar, a través de las comisiones que les compete, la operatividad de las salas de juicios orales y de la fiscalía regional en la zona sur.
