Luís Raúl Ruiz Melgar, apoderado legal de los productores inconformes, refirió que luego de que presentaron la demanda contra el líder cañero (que apenas el domingo asumió el cargo para un periodo más de cuatro años) ayer le entregarían la notificación, pero fueron impedidos por el personal.
“El actuario, Saúl Villalobos (del juzgado primero civil y familiar del cuarto distrito judicial en el estado) y su servidor, íbamos a emplazar al señor Pedro Ocampo, presidente de la CNPR y cuando llegamos al domicilio de Sanalona número 19, que es el domicilio que nosotros teníamos, nos dicen que no nos dejarían entrar a la unión. Casi casi nos sacan y tres hombres se apostillaron (sic) en la entrada de las oficinas de la unión, no se identificaron, dijeron que van de parte del jurídico de la CNPR y no nos dejaron entrar. Se portaron agresivos con el actuario y le dijeron que ese domicilio no era Sanalona número 19, sino 16. El actuario levantó el razonamiento en esos términos”.
Admitió que no se entregó la notificación porque el domicilio no era el correcto, pero se va a corregir y se va a emplazar nuevamente, lo que podría ocurrir en los próximos 10 días.
Recordó que la demanda es por rendición de cuentas y presunto desvío de fondos (de las cuotas del IMSS), pues dijo que sus defendidos cuentan con un subsidio del gobierno federal para pagar cierta cantidad por el seguro y la CNPR les cobra una muy superior. De tres mil pesos que deben pagar, por el subsidio, les cobran cinco y hasta siete mil pesos, ejemplificó. “Los descuentos son muy altos, estamos hablando que por productor son arriba de cinco mil a 10 mil pesos que les hacen por todos los conceptos que ellos dicen, uno de ellos es el aseguramiento, que les cobran desde los tres mil hasta los ocho mil pesos concepto que les quitan y no pagan al seguro social”.
Vale referir que otro grupo de productores cañeros, dieron a conocer el año pasado, que en el mes de septiembre del 2013, demandaron a Ocampo Álvarez, también para que rindiera cuentas de sus tres primeros años al frente de la organización, del 10 de octubre del 2010, al 10 de octubre del 2013, y también se quejaban de los excesivos descuentos en las liquidaciones del pago de las cañas. Los inconformes, también acusaron que no podían entregar la documentación de la demanda, porque el personal de la CNPR se lo impedía.
