Como se recordará, el pasado 12 de noviembre, dos presuntos ladrones y un taxista fueron asegurados en San Rafael de Zaragoza del municipio de Tlaltizapán, y amagados con ser ajusticiados por vecinos de la localidad. Horas después, fueron entregados al agente del Ministerio Público con la insistencia de que se les diera un “un castigo ejemplar”.
Sin embargo, días después quedaron en libertad porque no se cumplió con los requerimientos del nuevo sistema de juicios orales.
“No salieron absueltos, lo que pasa es que no se decretó de legal la detención. Había cuestiones técnicas que no se atendieron, como fue que hubo una detención prolongada y esa es una cuestión que debe de cuidarse en el debido proceso, es una cuestión de juicio justo y protección de derechos humanos, porque una detención no debe de prolongare mas allá de lo razonablemente viable para poder ser legal, además de que también no se había hecho la denuncia correspondiente para efecto de que se pudiera considerar que esa judicialización iba en orden, se estaba judicializando por robo calificado y era un robo simple; entonces, había detalles técnicos que hacían inviable decretar la detención, lo cual no obsta para que en cuanto se tengan los elementos adecuados se pueda solicitar la formulación de imputación o la orden de aprehensión”, explicó Nadia Luz Lara Chávez, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Aseguró que no son los jueces los que generan impunidad, pero tampoco responsabilizó al gobierno del estado –a través del Ministerio Público- de esta situación, sino que “habría que analizar y sin prejuicios”. “Los jueces no somos quienes damos la salida a los delincuentes o generamos la impunidad; somos toda una serie de operadores que participamos en el nuevo sistema de justicia, y si todos mejoramos nuestra actuación por supuesto que el sistema va a ser exitoso, de ahí que es importante que todos tengamos capacitación y todos podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
Es importante que participemos, prosiguió, en los conversatorios, para que afinemos criterios, para que afinemos cuestiones de interpretación legal y de operatividad misma; por ejemplo de los grupos policíacos del Ministerio Público y de todos los que intervenimos en la cadena de justicia.
Dijo entender la molestia de la población de Tlaltizapán que al final no hizo justicia por su propia mano, sino que entregó a los presuntos delincuentes a las autoridades, “pero no podemos pasar por alto que estamos en un estado de derecho y si no privilegiamos el estado de derecho, entonces a dónde vamos a parar”.
Admitió que el desconocimiento de la ley (en este caso por la detención prolongada) sí podría llevar a excesos como a hacerse justicia por su propia mano, aunque advirtió que también eso tiene castigo. “El desconocimiento de ley no justifica su incumplimiento; entonces, hay que tener cuidado con esa parte, porque también pudiera ser que quienes llevan a cabo esas conductas estén incurriendo en un delito”.
Por otra parte, ante la inminente salida de Edgar, conocido como el niño sicario, del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), dijo que podría estar rehabilitado o no, pero es su derecho obtener la libertad.
“Es un tema que tiene el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. La presidenta del tribunal se ha pronunciado en el sentido de que haya habido o no la rehabilitación efectiva de este niño, pues ya cumplió su tiempo en el CEMPLA y tiene que salir por cuestión de derechos humanos. No puede él permanecer retenido por cuestiones de percepción social”.