Esto implica que en algún momento, los municipios deberán erogar cantidades millonarias, debido a que cada día crecen los montos demandados. Llama la atención el caso del municipio de Amacuzac. En ese lugar, el alcalde (actualmente con licencia), Alfonso Miranda Gallegos, al inicio de su administración, despidió a todos los trabajadores sindicalizados, y hasta les quitó su oficina. Como era de esperarse, los sindicalizados demandaron y esperan una resolución favorable, que obligará a la comuna a pagar las indemnizaciones respectivas.

Acerca de este caso, José de Jesús Pérez comentó que el gobierno estatal buscará conciliar y ayudar a las nuevas administraciones a fin de tratar de resolver los conflictos labores y evitar entregar “ayuntamientos dañados que impidan el desarrollo de los mismos”, el próximo año.

El alcalde con licencia es hoy diputado local y lejos de que el secretario diga que se buscará hacer justicia, declaró que se mediará para que los trabajadores y el gobierno que los despidió lleguen a un acuerdo.

En otro caso, en la zona sur, está el edil de Jojutla, Enrique Retiguín Morales. Desde hace varios meses se había rumorado de una sindicalización masiva de su equipo de trabajo con el que arribó a la presidencia. El alcalde y otros integrantes del cabildo lo negaron, pero hace unos días, la alcaldesa electa, Hortencia Figueroa, dio a conocer una grabación donde el propio acalde está de acuerdo con esa sindicalización y la promueve. Más aún, después, el testimonio de la ex directora de Recursos Humanos, Miriam Mireles Hernández, quien reveló que le solicitaron 54 constancias de trabajadores, pero con cargos diferentes a los que ocupan en la actual administración (con fines de iniciar la sindicalización) evidencia la participación directa de Retiguín Morales en este intento, que afectará a los siguientes gobiernos por la pesada carga al erario. Por cierto, vale destacar que la directora prefirió renunciar que hacer algo que va contra la ley, mientras que el gobierno de Retiguín prefiere retorcer la ley, antes de renunciar a ello.

Mientras los presidentes municipales actúen sin responsabilidad y a su criterio, sin pensar en que fueron colocados ahí para favorecer el desarrollo, no sus intereses personales, seguirán los problemas económicos y también las demandas laborales en los ayuntamientos.