Luis Herrera Contreras, agente adscrito en Jojutla, reveló que hace varias semanas fue incorporado a los operativos que realizan militares en la región sur. Dijo que por lo que vio, se inconformó ante la Subprocuraduría de Justicia y la respuesta fue su suspensión indefinida.

“En la condición de ministerios públicos se nos obliga a participar de operativos que son anticonstitucionales. Se causan molestias innecesarias a través de esos operativos. De unos meses a la fecha, se implementó el operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) con el ánimo de inhibir el delito, pero a la vista está que no se ha conseguido, se siguen presentando crímenes atroces”, refirió.

En un documento que envió a la Subprocuraduría de Justicia señala que los patrullajes son comandados por soldados, que aun con cargos de capitanes, no de dejar de ser “moneda de alevosía”.

“Causa molestias a ciudadanos morelenses que son afectados psicológicamente por soldados y policías encapuchados y armados, que los interceptan en cualquier lugar; se toman por asalto viviendas que, en su mayoría, no están ligadas a la delincuencia ni a hecho delictivo alguno; simplemente son actos ilegales, cimentados en una dizque denuncia anónima; se detiene a familias que viajan con menores de edad, obligándolos a descender de sus vehículos, para el efecto de llevar a cabo revisiones humillantes; policías federales y estatales, se dedican a robar mercancía a gente jodida (sic) que viaja en vehículos de modelo anterior, con argumentos de que no está adecuado un documento y reinventar que sus vehículos cuentan con reporte de robo. La figura del agente de Ministerio Público es tratada al ras de policía preventivo, haciéndolo esperar el soldado coordinador lo que en gana le venga; realiza patrullajes sin protección alguna, sin gozar ya de fe pública (en el nuevo sistema de justicia adversarial).”

Herrera Contreras consideró que estos operativos no han dado resultados, porque la lista de muertos, secuestros, extorsiones y demás delitos que se comenten en el estado “están a la vista de todos”.

Ya en entrevista, agregó que en lo personal, le tocó observar de un caso en la comunidad de Valle de Vázquez, municipio de Tlaquiltenango, en el que se dio una revisión a un domicilio y por más que trataron de involucrara a sus moradores con el crimen organizado, nunca encontraron pruebas. Por lo que, a partir de ahí, decidió no participar más en ello.

Destacó que tampoco hay representantes de los derechos humanos.

“No me refiero a todo el Ejército mexicano, ni a todos los policías federales, ni a todos los estatales; sólo refiero a aquellos con los que he trabajado (en seis operativos).”

Ante esta situación, el agente dijo que presentó el documento citado ante el procurador de Justicia, pero la respuesta fue que lo suspendieron de manera indefinida, a partir del 22 de abril, porque “incitó a sus compañeros a desobedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y estoy haciendo imputaciones sin ofrecer pruebas, cuando soy testigo de las molestias que se causan a la ciudadanía”. Además, “me dejan en estado de indefensión, porque filtran notas, donde aparentemente ataco al ejército y a la PGR, y no se dan cuenta que me dejan en estado de indefensión porque con eso, podría pasarme algo”.

Finalmente, Luis Herrera dijo que esperará que la procuraduría considere su caso o, de lo contrario, llevará por la vía legal su inhabilitación.