Marcos García Álvarez, presidente del organismo, refirió que desde el año 1989, el estado de Morelos se coordinó con la Federación en el pago de derechos, por lo que, de acuerdo con el artículo 10, desaparece el cobro por la expedición de las autorizaciones de permisos de carga a particulares, las cuales se tramitan en las delegaciones de control vehicular.

“El año pasado estuvo aquí (en la Canaco) el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Alejandro Villareal Gasca, y nada más nos vacilaron, porque lo dejaron de cobrar unos meses, pero a partir de este año empezaron a cobrar de nuevo los premisos de carga. Algo a todas luces ilegal, porque es una violación flagrante al Artículo 11 Constitucional, porque no se puede gravar la libertad de tránsito. A raíz de que hemos estado intentando que se derogue definitivamente, ahora expidieron un decreto con fecha 3 de marzo (de 2011) que tiene una vigencia de seis meses para no pagarlo (en el texto dice que es un subsidio), pero sólo es por tiempo temporal; después, van a volver a hacerlo y personal de la Dirección de Transportes van a querer meter los vehículos al corralón.”

Dijo que esto parece un juego de “vencidas”, pues el gobierno no tiene voluntad de cumplir con la ley. “El gobernador debe simplemente cumplir con la ley, a la que está obligado. Le vamos a mandar un oficio donde le estamos manifestando nuestra inconformidad, porque no es suficiente con ese decreto; tampoco estamos de acuerdo en que se maneje como un subsidio porque tenemos derecho a la libertad de libre tránsito (sic).”

Destacó que a quienes no pagan ese derecho se los llevan al corralón. “(El gobierno) se auxilia de sus esbirros, quienes, amparados en la ley, prácticamente extorsionan y asaltan a los camiones particulares, cuando la competencia es de control vehicular no de la Dirección de Transportes.

“Los permisos de carga de origen son totalmente ilegales, infundados, auque se diga que está en la ley de vialidad y lo único que le pedimos al gobernador es que cumpla con la ley, que no mantenga en vigor esto, como lo manda la Ley de Coordinación Fiscal. Nos parece que es una simulación y una forma de desgastarnos; es además una limitante para la generación de empleos. Seguiremos inconformándonos hasta que se respete la ley.”