Elementos de Seguridad Pública municipal, en coordinación con la Dirección de Licencias y Reglamentos, pusieron en marcha un operativo esa mañana en contra el ambulantaje en los mercados Benito Juárez y Rivapalacio, por lo que la reportera del Canal Tres –y otros medios estatales– Alondra Marbán, junto con su camarógrafo, acudieron al lugar a tomar la nota, pero al pretender obtener información sobre este operativo y tomar fotografías, los fiscales del municipio se molestaron y empezaron a agredir verbal y físicamente a la reportera, afectando su salud, ya que se encuentra embarazada.

La afectada detalló que “todo inició por una queja de un comerciante que acusó de manera directa a uno de los fiscales, de nombre Dámaso Díaz, de estarle pidiendo dinero a cambio de dejarlo continuar ejerciendo su actividad comercial de manera ambulante; por lo que de inmediato me acerqué a este fiscal para pedirle información del operativo”. Sin embargo, dijo, el servidor público en cuestión se negó a contestarle.

A unos cuantos metros se encontraban otros dos fiscales, quienes al percatarse de que estaban siendo fotografiados, empezaron a lanzar insultos en contra de la reportera y su camarógrafo, y amagaron con quitarle la cámara, por lo que se inició una discusión entre los fiscales y los reporteros. Marbán Álvarez comentó que uno de los fiscales –cuyo nombre desconoce– le dijo: “Cállate el hocico. No te vamos a decir nada (refiriéndose a la petición de entrevista)”, al tiempo que otro de ellos continuaba insultándolos y diciéndoles que se fueran a “chingar a su madre”, que los medios de comunicación “no servían para nada, más que para hacer chismes”.

Marbán Álvarez defendió su labor informativa, pero los funcionarios continuaron agrediéndolos y uno de ellos, que de manera extraoficial se sabe se llama Gerardo, la empujó, con lo que se provocó un conato de bronca con el camarógrafo. Más aún, narraron los periodistas, los fiscales pedían incluso la intervención de los elementos policíacos en contra de los reporteros, pero éstos se negaron a proceder en su contra.

Luego, la reportera y su compañero buscaron al director de Licencias y Reglamentos, Carlos Vargas Becerra, quien no se encontraba en el operativo, y tampoco en el Ayuntamiento. Por lo que se entrevistaron de manera directa con el alcalde Enrique Retiguín Morales y le expusieron su queja. El munícipe se comprometió a separar del cargo a estos tres fiscales, y en ese momento instruyó al área jurídica que fueran despedidos.

Marbán Álvarez tuvo que trasladarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatepec para recibir atención médica. La reportera fue hospitalizada de urgencia, derivado de los empujones y el enojo ocasionado por los fiscales. Ante esta situación se inició una querella de oficio ante la Subprocuraduría de Justicia de la Región Sur-poniente, por el delito de lesiones en agravio de la reportera, toda vez que estuvo en riesgo su vida y la de su bebé.

Al ser dada de alta (varias horas después), la reportera anunció que continuará el proceso penal en contra de estas personas, que atentaron no sólo contra la libertad de expresión, sino en contra de su vida. Además, pedirá la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, al tiempo que responsabilizó a estos tres sujetos de lo que pueda ocurrirle a ella y a su familia.