Jojutla.- El presidente municipal de este lugar, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se deslindó de las declaraciones del Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, en el sentido de que 13 alcaldes de la región sur, pagan “derecho de piso” a un grupo del crimen organizado.

“Desconozco el motivo de su declaración, la verdad es que ayer alguien me enseñaba esa nota y la verdad es que desconozco; no sé si haya hecho algún señalamiento sobre algún municipio en específico, pero la verdad es que desconozco el porqué de su declaración”, dijo el alcalde. 

Aseguró que a él en lo personal nadie lo ha amenazado ni algo semejante.

“Nosotros trabajamos todos los días y pues la gente de Jojutla me conoce, sabe quién soy, por supuesto, voy con la bendición de Dios y mi equipo que colabora”.

- ¿Cómo toma esa declaración del comisionado?

- Respeto su comentario, aquí la opinión que a lo mejor yo pueda tener resulta secundario, honestamente no le pongo atención, porque mi objetivo y mi primordial función es trabajar en favor de los jojutlenses, la verdad es que prefiero no comentar nada respecto de esa opinión, respondió.

No obstante, reconoció que como alcalde sí ha recibido señalamientos de algunos sectores de la población acerca de problemas de extorsión.

“En algún momento, algunos empresarios y lo que he hecho ha sido precisamente generar condiciones y hacer las denuncias correspondientes ante la fiscalía. Les he ofertado a los ciudadanos que se han visto en alguna situación el que tengan esa oportunidad de acercarse a la fiscalía para que realicen las denuncias correspondientes. La verdad es que son temas a lo mejor que no salen tanto a la luz pública por el sigilo que debe haber respecto de esas carpetas de investigación que se inician”.

La semana pasada, en su comparecencia ante los diputados, el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, informó que existen 13 procesos de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de alcaldes y regidores de la región sur por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Acusó a los ediles de pagar presunta protección al grupo criminal de “Los Rojos”, de 50 mil a 100 mil pesos mensuales, aunque no dio nombres.