Canalizo Balderas recordó que tras una amañada expropiación pretendida entre el estado y el municipio de Tepoztlán respecto a esa extensión, se inició un litigio en los tribunales, que derivó en la concesión de una suspensión definitiva a fin de que las cosas se quedaran como estaban.

Sin embargo, a principios de junio pasado, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable respaldados por unos 200 elementos policiacos ingresaron a la zona, destruyendo todo a su paso y amenazando con el desalojo, en lo que constituye una clara violación a la suspensión. Se hicieron las denuncias respectivas y se aportaron las evidencias sobre el caso.

El pasado 13 de octubre, agregó, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la que el juez en referencia determinó que nunca existió tal violación, “cosa que nos parece una falta de respeto a los ofendidos, porque los propios acusados habían admitido que en efecto hicieron un recorrido en el lugar”.

El juez, conforme al resultado de la audiencia, señala entre otras cosas que “en efecto, en las imágenes aportadas por los quejosos como prueba, se aprecian árboles maltratados, maderas amontonadas y otras afectaciones, sin embargo, lo anterior no prueba que los responsables fueron los por ellos señalados”.

No obstante, determina que “la suspensión concedida a los comuneros para el efecto de que las autoridades responsables mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, es decir, que no se proceda al desalojo, sigue vigente”.

Pero Guerrero Castillo y Canalizo Balderas insisten en que se aprecia un tráfico de influencias, que el delito es claro y por lo tanto recurrirán a los recursos que la ley les concede en lo que se refiere al caso.