Subió las escaleras con paso veloz y entró a las oficinas como si fueran suyas, saludando a todos con la rapidez de un empresario muy ocupado al que se le está quitando su valioso tiempo. ¿Qué se les ofrece? Interrogó con ansiedad tras la breve presentación que hizo el director de la Penitenciaría, siempre conservando la actitud de ser él quien nos estaba haciendo el favor de recibirnos, nunca como un interno más en ese vetusto centro carcelario.

El abogado que me acompañaba habló con la solemnidad típica de una persona que acude a cobrar un adeudo. “Usted sabe que contrató servicios de nuestra empresa para un evento digamos “fantasma”, y eso se llama fraude. Venimos a que nos pague”, le dijo sin rodeos.

Y aquel hombre cuarentón, delgado, tez blanca, pelo lacio y ligeramente largo, nariz respingada y boca ancha, alzó la voz para fijar su posición tantas veces ensayada.

“Pues miren, ustedes no tienen ningún documento firmado por mí, pero si quieren nos vamos a un juicio civil que va a durar 20 años, o si quieren refúndanme en la cárcel, pero a mí no me van a sacar un solo peso”, gritó con un acento que evidenció su homosexualidad.

Y luego, dio la vuelta sin hacer caso a las amenazas del abogado para tomar nuevamente las escaleras y volver a sus dominios.

El abogado al que acompañé era sólo una de muchas personas defraudadas con la contratación de publicidad para un supuesto evento de luz y sonido en Tepoztlán. Cuando el propietario del lugar donde estaba siendo anunciado el evento acudió a las empresas publicitarias para advertir que él no tenía ninguna fecha contratada, los prestadores de servicios cayeron en la cuenta que habían sido defraudados, al igual que los incautos que pagaron los boletos de preventa.

Al checar el número telefónico de donde provenían las llamadas del supuesto empresario, descubrieron que era el Penal de Atlacomulco, situado en donde hoy se encuentra el Parque Ecológico de Cuernavaca.

“Cuando él hablaba por teléfono conmigo para solicitar más y más servicios, interrumpía constantemente la conversación para contestar su teléfono celular y supuestamente hablaba con gente de Miami, de Monterrey. A veces no hablaba durante días y al contactarme hacía comentarios de que venía regresando del extranjero”, explicó una de sus víctimas.

Todavía después del fraude con el evento “fantasma” en Tepoztlán, inventó un supuesto concierto de Juan Gabriel y comenzó a vender boletos con la ayuda de una mujer en el exterior, hasta que una empresa refresquera que patrocinaría el espectáculo descubrió el ilícito y lo denunció, obteniendo su apoderado la misma respuesta que el primer abogado.

A raíz de la publicación de ese fraude, a mediados de los noventas, el entonces director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, Alfonso Hernández Gurrola, citó a este reportero en su oficina para entregarme algo que me ayudaría en mi investigación sobre Chávez Traconi: su ficha signalética del sistema penitenciario del Distrito Federal.

Según ese documento, Mario Alberto Chávez Traconi entró por primera vez a una cárcel a los 18 años, y desde entonces había estado entrando y saliendo hasta recorrer prácticamente todas las penitenciarías del DF, siempre por los delitos de fraude y falsificación. El funcionario que trabajó en el Gobierno del DF y que ahora se desempeñaba como director de servicios periciales en Cuernavaca complementó la información: “Eso es solamente lo que se refiere a su mayoría de edad, pero como adolescente también recorrió todos los consejos tutelares”.

Años más tarde, Chávez Traconi declararía a un reportero del Periódico Reforma un dato del que parecía sentir orgullo: “mi primera falsificación fue la firma de mi mamá en una boleta de calificación de la primaria, a la edad de seis años”. En esa misma entrevista, presumía de tener tres licenciaturas (estudiadas todas a distancia o tras las rejas) y valuaba su fortuna producto de los fraudes en 50 millones de dólares.

En 1998 Chávez Traconi fue trasladado a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde a decir de algunos testigos, era el encargado de hacer todo tipo de escritos y gráficas que requirieran los directivos y los propios internos.

Un viernes por la noche llegó a la cárcel distrital una persona que dijo ser actuario del Tribunal Superior de Justicia, llevando consigo un documento firmado por tres magistrados en los que se ordenaba la liberación inmediata del interno Mario Alberto Chávez Traconi, quien a esas alturas había trabado amistad con el director del centro penitenciario, Jesús Javier Rodríguez Robles.

Fue precisamente el responsable de la cárcel quien le ofreció alojamiento en su casa durante esa noche y llevarlo al Aeropuerto al día siguiente. Ya tras las rejas por el delito de evasión de reo, Rodríguez Robles dijo que nunca se imaginó que la boleta de libertad fuera falsa, y que estaban en el aeropuerto cuando le avisaron vía telefónica de esa irregularidad. “Tenemos que regresar, hay problemas con tu boleta de libertad”, le dijo a su amigo Chávez Traconi, quien simplemente se escabulló entre el mar de gente.

Dos años más tarde fue detenido, ahora en posesión de cocaína. Por lo que fue remitido al Reclusorio Preventivo Norte, donde estuvo hasta el 2006, cuando fue requerido por las autoridades morelenses para que siguiera purgando las causas que tenía pendientes. De regreso en Morelos, utilizó su viejo truco de amenazar con una huelga de hambre para ser recluido en la cárcel distrital de Jojutla.

En marzo del 2008 encabezó un movimiento de internos en contra de la entonces subsecretaria de Readaptación Social, Sara Olivia Parra Téllez, por presuntos abusos durante un operativo de revisión.

En julio del 2009, mediante una supuesta huelga de hambre que duró 28 horas, logró que las autoridades penitenciarias destituyeran al director de la cárcel de Jojutla, Alfonso Espino del Castillo Barrón, quien le había negado las canonjías a las que estaba acostumbrado.

Desde entonces, Chávez Traconi era uno de los líderes del autogobierno en la cárcel de Jojutla, hasta este lunes que fue ejecutado por un comando durante su traslado a un Juzgado de Atlacholoaya para participar en una diligencia judicial.

Pero aún muerto, Mario Alberto Chávez Traconi sigue dando testimonio de la corrupción que impera en el sistema penitenciario del estado, pues a pesar de su condición de reo, su nombre sigue anunciándose en la internet, ya sea en las páginas gays donde solicitaba “hombre atractivo de entre 18 y 25 años”, o en las de negocios, donde se mantiene la publicidad de “su empresa”, Impulsora de Servicios Especializados, como una opción para aquellos que quieren asesoría en la realización de eventos masivos.