Cuernavaca, Morelos.- La secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, hizo un llamado a los presidentes municipales a fin de que se abstengan de continuar despidiendo personal, porque el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) sigue recibiendo denuncias laborales.
Y consideró que la mayoría de los ediles están confiados en que, vía un fideicomiso, el Congreso les ayudará a resolver sus conflictos en materia de laudos, pero recordó que “ellos piensan que de inmediato podrán echar mano de recursos, no es así, esta figura, si es que se llega a concretar, empezará a operar a partir del 2017, no antes”.
Recordó que son por lo menos media docena de alcaldes quienes se encuentran en riesgo de ser destituidos por incumplimiento de pago, “y como que se están confiando, pueden sufrir las mismas consecuencias que su compañero de Jojutla”.
Pero Gómez Orihuela igualmente abundó en el sentido de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) presenta un crecimiento importante en demandas y conflictos, que son el resultado de despidos en empresas de la iniciativa privada.
Por fortuna, sostuvo, más del 95% de los casos se vienen resolviendo por la vía de la conciliación, evitando así mayores costos para los empresarios y liquidaciones inmediatas, en lugar de prolongados juicios que sólo dañan la planta laboral y los factores de producción.
Y volviendo al TECA, dijo que en esta instancia existe un pasivo laboral contingente de 513 millones 572 mil pesos en demandas laborales, en las que el 92% son para los ayuntamientos y eso refleja los motivos de los serios problemas que enfrentan.
Es decir, abundó la funcionaria, con base en el número de conflictos entre patrones y trabajadores, se aprecia que durante el presente año pudiera crecer la cantidad de demandas en relación al año pasado. “De ahí que debamos estar insistiendo ante los alcaldes en el sentido de que tienen que tener más cuidado para evitarse situaciones difíciles”.
Pero aunque no lo dijo con claridad, Gómez Orihuela mostró que en lo referente a las empresas del sector privado, en buena medida, los cierres han venido propiciando la desocupación laboral, que necesariamente termina en los tribunales que se ven saturados y en donde se ha estimado que la vía del arreglo conciliatorio entre las partes es lo mejor que puede ocurrir, y en ello se trabaja arduamente.
