“El Poder Judicial de cada entidad federativa se ha sentido despojado de la facultad electoral. Los magistrados electorales locales designados por la Cámara de Senadores no son tomados en cuenta por los poderes judiciales locales y por tanto, al no formar parte de esa familia judicial, les retiran todos los recursos que le correspondían como parte del Poder Judicial”, expresó.
Al impartir la conferencia “El nuevo sistema electoral nacional ¿federalismo o centralismo electoral?” en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), explicó que el aspecto económico no es sinónimo de dependencia, pero es un elemento sin el cual la independencia no se puede ejercer.
Galván Rivera destacó que la importancia de los tribunales electorales es garantizar estabilidad social, paz social y la gobernabilidad.
“La materia electoral es sumamente cara para la república. Tenemos que hacer que cumpla su función social y que la democracia no sea sólo una expresión. Que cuando menos, garanticemos la democracia política, no nos corresponde garantizar la democracia económica ni la democracia social; corresponde a otros ámbitos del ejercicio del poder público, pero contribuyamos con la parte que nos corresponde”, dijo.
Señaló que con la reforma electoral de 2014 dejaron de existir el sistema federal y el sistema local, así como sus ámbitos de competencia, por lo que ahora tenemos una amalgama que ha dado origen al sistema electoral nacional.
Consideró que la materia procesal se ha tornado nacional, por lo que ahora se tendría que hablar de un Tribunal Electoral Nacional. “Existe la interrogante y la respuesta tiene que ser positiva, sí es un Tribunal Electoral Nacional aunque siga formando parte del Poder Judicial de la Federación Nacional, ya no es un Tribunal Federal al ser el medio de control de legalidad y de constitucionalidad de la actuación del Instituto Electoral”, aseguró.
En el caso de Morelos, el Tribunal Estatal Electoral libra una batalla jurídica a través de una controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes le restringieron el presupuesto al órgano jurisdiccional.
Originalmente, el TEE había solicitado casi 22 millones de presupuesto para el 2016, pero el Poder Ejecutivo redujo la propuesta a 17 millones, y finalmente el Congreso aprobó para el tribunal 12 millones 252 mil pesos.
