La defensa particular de Alberto N. interpuso un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Morelos, argumentando que los derechos de su cliente fueron vulnerados porque le fijaron como medida cautelar la prisión preventiva argumentando que el robo era por tres millones 800 mil pesos, pero se tomó en cuenta sólo el dicho de la víctima, quien no pudo acreditar que en su casa tuvieron dos millones de pesos en efectivo y un millón 800 mil pesos en oro, es decir sólo se tomó como indicio la declaración de la afectada.

Sin embargo, a pesar de obtener la protección de la justicia federal, Alberto no fue puesto en libertad con el pago de una fianza, debido a que el ministerio público asignado al caso reclamó que otorgarle tal beneficio podría provocar que se sustrajera de la justicia, así que el juez de Control decretó un arraigo domiciliario con el apoyo del Mando Único, que tendrá que estar afuera de su domicilio las 24 horas del día para asegurar que el hombre continuará asistiendo a las audiencias que están por llevarse a cabo.

Según la acusación planteada por la FGE, el procesado era empleado de la ex diputada federal y ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Morelos (PRI) y aprovechó que ésta realizó un viaje al extranjero para tomar el dinero y el oro que la mujer guardaba en su propiedad.

Según la legisladora, el dinero y el oro provenían de una casa de empeño propiedad del hijo de la ex legisladora.

Sin embargo, en las audiencias celebradas hasta el momento no se ha comprobado el origen del dinero, ni tampoco la existencia del oro, porque no se ha integrado al expediente alguna factura que demuestren el origen de lo robado,  razón por la cual el juez de Distrito otorgó la protección a Alberto.

La audiencia en la que el juez penal del Primer Distrito Judicial cambió la medida cautelar al imputado se llevó a cabo el pasado viernes por la tarde en la Sala Uno, pero éste salió del Penal de Atlacholoaya la madrugada del sábado.

En el auto emitido, el juez señala que sí bien no se ha comprobado el monto de robado, la justicia federal ordenó el cambio de la medida cautelar, así que optó por el arraigo domiciliario, pese a que es muy poco común que los jueces otorguen esta medida.
Finalmente, será a mediados de este mes cuando inicie el juicio oral correspondiente.