De acuerdo a la denuncia SC01/8203/2015, los dos hombres fueron enviados por la titular de la Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio con el propósito de evitar la demanda laboral que la abogada Susana Pantaleón Martínez interpuso en contra de la dependencia por despido injustificado, en la que exige el pago de la liquidación, 12 días por año laborado, vacaciones, parte proporcional del aguinaldo y otros conceptos.

Según la víctima, los dos hombres indicaron que llegaron a su casa por órdenes de la directora, Mirta Sagrario Aguirre Gómez, pero el problema -según la denunciante- es que los hombres ingresaron a su casa, en el municipio de Emiliano Zapata, la esperaron a que llegara y posteriormente le exigieron firmar su renuncia para no pagarle todos los conceptos que exige en su demanda laboral.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 15:30 horas, en el interior del domicilio ubicado en la calle Las Flores de la colonia Benito Juárez del municipio de Emiliano Zapata.

Pedro Avilés, escolta personal de Mirta Sagrario Aguirre, y Vicente Ortega arribaron al domicilio en un auto oficial del Instituto de la Defensoría Pública, un Nissan Tida, color gris, con placas de circulación PXN-14-38 del estado de Morelos.

El primero de los mencionados se identificó como policía y dijo que buscaba a la abogada para “notificarla” y que firmara unos documentos, pero la familia de la víctima le dijo que en ese momento no se encontraba. Sin embargo, ambos ingresaron sin el permiso de los dueños, con el pretexto de que la esperarían.

Asustados, los familiares se comunicaron con la abogada Pantaleón Martínez, quien se encontraba con su esposo realizando algunas compras, pero acudió a su domicilio para saber lo que estaba sucediendo.

Al llegar a su casa, la abogada fue recibida con amenazas para obligarla a firmar un oficio de renuncia voluntaria.

La ex defensora pública dijo estar enojada porque los dos sujetos fueron llevados a las instalaciones del Mando Único (Torre Morelos) pero ahí fueron puestos en libertad, cuando debieron ser conducidos ante el Ministerio Público por el delito de allanamiento de morada.

De acuerdo a la afectada, el jueves 3 de septiembre fue despedida sin causa justificada, por lo que presentó una demanda laboral el lunes 7 por hostigamiento laboral, en la que exige su reinstalación o bien el pago de todas sus prestaciones.

Es importante señalar que ésta no es la primer demanda laboral que enfrenta la institución, pues hace unos meses el abogado Víctor Hernández se quejó también de hostigamiento laboral porque la titular de la dependencia tenía interés en el caso de un homicidio, y pretendió obligar al litigante a que solicitara un juicio abreviado a favor del inculpado, quien con un camión de carga atropelló al conductor de una motocicleta en el centro del municipio de Tepoztlán y en un video se aprecia cómo éste remató a la víctima para asegurarse que estaba muerto.