Cuestionado sobre la campaña de amparos que promueve la disidencia magisterial en contra de la evaluación, el funcionario negó que los docentes que no aprueben la primera evaluación vayan a ser corridos o dados de baja, al recordar que existen acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Profesional Docente y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además recordó que la propia reforma establece en artículos transitorios las condiciones de la aplicación de dichas evaluaciones: “en ninguna norma o procedimiento se contempla el despido de aquellos maestros que no acrediten sus evaluaciones”.

Dijo que los profesores están en su derecho de buscar el amparo u otros recursos, pero insistió en que resulta, desde su punto de vista, innecesario porque no se pretende correr a nadie, sino identificar aquellos aspectos en los que los docentes necesitan mayor apoyo en la capacitación y actualización.

Argumentó que de eso servirán los resultados de las evaluaciones para conformar programas y estrategias de formación a los docentes: “la evaluación se hace para mejorar y no para castigar. Para eso existe el proceso de regularización”.

"En su artículo 52 la ley establece que aquel maestro que resulte insuficiente en el nivel de desempeño de su función docente, será incorporado de inmediato a los programas de regularización que la autoridad educativa determine”, añadió el directivo, al indicar que además se trata de aspectos federales que no están en manos de las autoridades estatales y por lo tanto, serán procesos de evaluación "totalmente transparentes".