Informó que en el mes de enero estarán listos los resultados de la evaluación estatal que el organismo realiza anualmente, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las cárceles estatales para valorar las condiciones de internamiento de cientos de procesados y sentenciados por delitos tanto del fuero común como del orden federal.

Adelantó que los resultados preliminares indican que hay una baja en las calificaciones obtenidas por el Centro  de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), donde se han detectado irregularidades, constantes riñas entre los jóvenes, abusos y frecuentes quejas tanto de los sujetos a medidas de internamiento como de los padres.

Dijo que la situación en el penal de Atlacholoaya y las cárceles distritales no es distinta, porque han ocurrido fugas, riñas y muchos cambios de directivos; prevalece la sobrepoblación, falta una adecuada clasificación de internos e internas y, a pesar de que hay traslados de reos considerados peligrosos a penales federales y de máxima seguridad, no se ha logrado la despresurización.

“Nuestras cárceles nuevamente siguen siendo foco rojo, siguen calificaciones reprobatorias con graves focos en los que debemos de solicitar medidas en diversos rubros”, dijo Benítez Villaseñor.

La presidenta del organismo estatal de derechos humanos afirmó que los cambios constantes de directivos en las cárceles estatales ha sido un factor determinante en la inestabilidad que prevalece en los centros de internamiento y que ha propiciado motines, riñas y fugas, porque no hay un plan integral ni definición y seguimiento de políticas públicas en materia de reinserción social.

Agregó que en evaluaciones anteriores el organismo señaló las debilidades del sistema penitenciario y dio recomendaciones para mejorar las condiciones de internamiento, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de la población interna y generar una verdadera reinserción social, sin embargo, hay pocos avances.