Luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito en noviembre pasado resolvió negarles la protección de la justicia federal, los imputados optaron por recurrir la sentencia ante un tribunal colegiado, con la esperanza de obtener su excarcelación.

Los escenarios previsibles son dos: en caso de obtener el amparo, los policías podrían obtener su libertad y eventualmente su exoneración. En el supuesto de la confirmación de la negativa de amparo, se reanudaría el desahogo del proceso penal, y se fijaría la fecha para la audiencia intermedia y posteriormente para el juicio oral.

La noche del 7 de febrero del 2013 ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y agentes ministeriales, luego de que el convoy del fiscal que circulaba sobre la avenida 10 de abril (en los límites de Cuernavaca y Jiutepec) ignoró la orden de los policías para detenerse e identificarse y luego sobrevino la hostilidad.

Durante el enfrentamiento fallecieron tres escoltas y el fiscal resultó ileso. Los policías sostuvieron en todo momento que el convoy no quiso identificarse y que desde el C-4 se les dio la orden de detener los vehículos porque parecían sospechosos.

Actualmente, 10 policías estatales se encuentran en prisión preventiva y bajo proceso penal, acusados de homicidio en agravio de los tres escoltas fallecidos y tentativa de homicidio contra del fiscal estatal.

Sin embargo, mientras el Ministerio Público sostiene la hipótesis del complot contra el fiscal, la defensa de los imputados afirma que el enfrentamiento se debió a una confusión derivada de la falta de prudencia de los escoltas y que los policías atendieron las instrucciones que se les dieron desde el C-4 de la extinta Secretaría de Seguridad Pública.