Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó al juez Penal del Primer Distrito Federal, Adolfo Aragón López, la acusación de manera formal en contra del ex presidente municipal priista, al que acusa de no haber cumplido con el pago de 43 millones de pesos que eran cuotas que los trabajadores del Ayuntamiento en el año 2012 y que tenían que pagar al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

La defensa del ex munícipe trató de convencer al juez que la audiencia de ayer, que se celebró a las 09:00 horas, no se llevara a cabo bajo el argumento que Sánchez Gatica promovió un amparo contra la formulación de imputación y contra la medida cautelar de prisión preventiva, pero el juzgador consideró que la justicia federal otorgó la protección sólo para que no fuera encarcelado.

Una vez que el fiscal del caso explicó al juez la causa por la que, a su juicio, consideró que el ex edil incurrió en un delito, solicitó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pero que asegura que no evadiera la acción de la justicia.

Fue así como el juzgador González López puso como plazo el 12 de diciembre para cubrir una fianza de 50 mil pesos, pero además le fijó la obligación de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) para que la institución constate que sigue en la entidad.

“Entre las medidas cautelares también está en que usted no pueda salir del país; en caso de que tenga necesidad de hacerlo, tendrá que notificarlo primero a este Juzgado”, indicó el juzgador.

Ésta es la segunda causa penal que la FGE ha iniciado en contra de Rogelio Sánchez Gatica, pues la primera también es un peculado, pero el primero es por realizar pagos a proveedores utilizando para ello un préstamo que solicitó el Ayuntamiento capitalino con una banca privada, y que éste fue etiquetado por el Congreso del estado para cubrir un adeudo con otro banco.

Junto con Sánchez Gatica están implicados en esta acusación otros ex funcionarios, entre ellos Manuel Martínez Garrigós, quien no ha podido ser llevado a juicio porque los diputados no han iniciado el proceso de desafuero en su contra.

Finalmente, en la audiencia de ayer la defensa del también catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió resolver la situación jurídica de su cliente hasta el próximo 2 de diciembre, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.