Ayer domingo en la Sala Primera de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Santiago Román Pineda y José Enrique González Martínez, acusados por la Fiscalía General del Estado del delito de robo calificado, en agravio de Sandra “N”.

Los hechos, según la carpeta de investigación SC/734/2014, se registraron el pasado 24 de agosto, cuando Sandra “N” caminaba con sus dos hijos en la calle Tulipán Irlandés de la colonia Tulipanes, alrededor de las 16 horas, y dos sujetos descendieron de una motocicleta, amagando a uno de ellos a la niña, a la que le exigió una bolsa donde la víctima llevaba 500 pesos y dos celulares.

En total eran tres asaltantes, pero uno de ellos se quedó a bordo de la motocicleta para emprender la huida con dirección a la colonia Ciudad Chapultepec.

Vecinos de la zona pidieron apoyo y, según el reporte policiaco, fueron detenidos cuatro sujetos en uno de los andadores de la colonia, pero uno de ellos fue puesto en libertad porque no tenía nada que ver con el ilícito, según lo declaró la agraviada ante las autoridades.

En una declaración preparatoria ofrecida el pasado 26, Santiago y José Enrique mostraron a la juez huellas de tortura en la espalda y en varias partes del cuerpo, por lo que la juzgadora instruyó a la fiscal para que se iniciara la investigación correspondiente, pues hay evidencias para suponer que ambos detenidos fueron golpeados por elementos del Mando Único.

Ayer venció el término para saber si los dos hombres tienen o no que enfrentar un juicio, y al dar a conocer su resolución, la juez Damián Avilés comentó que hay indicios para presumir la tortura, pero la defensa no los hizo valer en tiempo, ya que tuvo que haber sido argumentado en el momento en que se iba a determinar si la detención era o no legal.

“No puedo asegurar si hubo o no tortura, eso lo determinará una investigación, pero sí estoy obligada, conforme a los protocolos internacionales, a no permitirlo”, dijo la juez, pero al mismo tiempo indicó que el hecho de que los dos imputados hayan sido víctimas de abusos policiacos no los exime de su presunta participación en el robo.

Sin embargo en la misma audiencia, la juez ordenó al personal a su cargo enviar un oficio a la directora del Penal, apercibiéndola de que si no envía de manera inmediata el certificado médico del ingreso de los dos procesados al penal, entonces se hará acreedora a una multa que puede ser hasta de 100 salarios mínimos.

La juez indicó que lo anterior ayudará a esclarecer los hechos, pues hay dudas sobre las lesiones que les provocaron a los imputados, ya que el día del robo llegaron al lugar por lo menos dos patrullas.

La juzgadora determinó que a pesar de que el robo en el Código Penal no rebasa los dos años de prisión, en este caso hay agravantes, pues se utilizó un arma para someter a la víctima, pero además el asalto fue cometido por tres personas.

La defensa pidió en ese momento otra audiencia para solicitar la libertad condicionada de sus dos clientes, pero la Fiscalía propueso que lo anterior sea en al menos 10 días, ya que dijo que hay sospechas de que los dos hombres no podrán gozar de ese beneficio,porque se presume que han sido sentenciados por el mismo delito.

Finalmente, la juez citó a ambas partes para el próximo 12 de septiembre a las 12 horas en la misma sala, para determinar si los dos detenidos enfrentarán o no el proceso en libertad.