Hasta ayer, la sala auxiliar no tenía comunicación oficial sobre la licencia de la magistrada Jiménez Serafín, quien “renunció” a la magistratura supernumeraria para incorporarse como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, desde el pasado 12 de junio.

Desde ese entonces, dicha sala se encuentra paralizada, ante la indebida integración y se ha visto imposibilitada a cumplir, particularmente, con los amparos proveídos por autoridades federales y lo cual ha sido motivo de apercibimientos de multas y otras sanciones a los dos magistrados supernumerarios: Norberto Calderón Ocampo y Leticia Taboada Salgado. Además, la sala auxiliar no ha podido sesionar como órgano colegiado para atender las visitas y audiencias relacionadas con asuntos civiles, familiares y penales.

“Hemos continuado con nuestras actividades en lo individual; sin embargo, las repercusiones de la ausencia implican la falta de funcionamiento de la sala como órgano colegiado, y entorpecimiento de la administración de justicia”, comentó el magistrado Norberto Calderón Ocampo, quien hizo un llamado al Congreso y al mismo TSJ para subsanar la situación, en virtud de que esta sala atiende igual o mayor número de expedientes que el resto de las salas integradas por magistrados numerarios.

A esto se suma la incertidumbre sobre la situación de la magistrada Taboada Salgado, cuyo período culmina el próximo 8 de julio y hasta ahora, el Congreso del estado no se ha pronunciado sobre su ratificación o no en el cargo por un segundo período de ocho años.

Ayer por la tarde se informó de la convocatoria de la presidencia del TSJ a sesión de Pleno este miércoles, en la que se pretende abordar la situación en la que se encuentra la sala en cuestión. No obstante, de acuerdo con algunos juristas, se teme que se pretenda un “desmantelamiento” de la sala auxiliar, ante una iniciativa que ex profeso se cabildea en el Congreso.