Así da cuenta el último informe que dio a conocer el órgano garante del estado, donde señala además que el 64 por ciento de esos recursos de inconformidad se dan en el tema administrativo y legal. El 40 por ciento de los recursos es por falta de respuesta, el 36 por falta de entrega, el ocho por ciento por entrega incorrecta de información, el diez por ciento por información incompleta y el seis por ciento por costo, entre otros.

En cuanto a los temas, el 42 por ciento es en la parte administrativa de los sujetos obligados, el 22 por ciento en materia fiscal, el nueve por ciento por cuestiones legales, el 18 por ciento servicios y el nueve por ciento otros.

Aun con estos porcentajes de recursos de inconformidad, el IMIPE destaca que aquellos actores sociales que han sabido traducir sus demandas en reformas legales, en políticas públicas, en formas de participación ciudadana, son los que han podido y sabido acceder a la información que posee su gobierno, resaltando que es un derecho ciudadano tener acceso a la información, el cual debe seguirse robusteciendo para generar una sociedad con más herramientas de información veraz y oportuna.