La defensa particular de la mujer anunció que presentará en los próximos días un recurso de casación ante un tribunal de alzada, pues consideran que en la audiencia de vinculación a proceso demostraron que la empresaria extravió el teléfono en diciembre del 2007, en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, cuando acudió a hacer compras para la cena de año nuevo.

Los abogados demostraron a través de un testigo que la imputada perdió el teléfono, pero además anexaron al expediente un boleto de avión con el que intentan demostrar que el día del plagio y durante el tiempo que duraron las negociaciones, ella se encontraba en Baja California Sur visitando a uno de sus hijos que radica en esa entidad. “Quizá el problema radica en que en su momento no se dio de baja el número, pero la verdad quién lo hace, casi todos nos confiamos”, argumentó la defensa.

El número telefónico por el que la fémina se encuentra vinculada a proceso, es el 7772569877, y desde ese se llamó a la familia del profesionista plagiado, según consta en la carpeta de investigación correspondiente.

La defensa de la empresaria, María Estela Díaz Ruiz, argumentó que está claro que la fémina no participó, pues quedó demostrado que ella no estaba en Morelos. De hecho, la mujer fue detenida a través de una orden de aprehensión, pues desde el 2012 la Policía Ministerial sabía a quién pertenecía el número telefónico, pero fue detenida el viernes 21 en la madrugada, durante un operativo en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, al norte de Cuernavaca.

Asimismo, su nuera fue detenida en el mismo operativo, en otro domicilio, pero esta fue puesta en libertad pese a que se le encontró cocaína en una caja fuerte, por lo que un juez de Control consideró que la detención fue ilegal porque los agentes ministeriales ingresaron a su domicilio antes de que un juez diera una orden de cateo.

La audiencia de la empresaria tuvo una duración de ocho horas porque se presentaron testigos y varias pruebas, pero a final de cuentas la mujer quedó en prisión preventiva y el juez otorgó a la Procuraduría General de Justicia del Estado tres meses para culminar la investigación. El juez informó que la imputada tiene el derecho de impugnar el auto emitido y puede recurrir al amparo, o bien a la casación, pero la defensa anunció que interpondrá el segundo de los recursos, al considerar que este llevará menos tiempo, pues consideran que una vez que el caso llegue a los magistrados, estos le otorgarán la libertad, pues la única prueba aportada por la PGJE es el número telefónico.