Los abogados defensores de los tres jóvenes, consideraron que la Fiscalía Contra Homicidios de Mujeres y Feminicidios se ha excedido, pues no obstante que se les ha pedido la liberación de la residencia, hasta el momento no han obtenido respuesta.

La audiencia en la que se ventiló la queja, no se llevó a cabo debido a que el fiscal no se presentó, pero el juez de Control ordenó enviar un oficio al procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, para que obligue al Ministerio Público a asistir en la próxima audiencia.

“Su señoría, la que queja en mención es porque se están afectando los derechos a terceros, pues los hechos se registraron en noviembre, y hasta el momento se ha entregado la casa”, dijo el abogado que asistió a la audiencia.

Los imputados, Said Salgado Pineda, Broni Salgado Pineda y Jesús Garduño Martínez, estuvieron presentes en la audiencia, pero el juez les hizo saber que no es necesario que asistan a la próxima que se llevará a cabo esta semana, pues la resolución que se tome nada tiene que ver con su situación legal.

Los detenidos son acusados por la PGJE de haber provocado la muerte a una joven de 16 años, obligándola a consumir cocaína y además de que violaron a la menor junto con su amiga de la misma edad.

Este caso provocó reacciones en varios sectores de la sociedad, por la manera en que perdió la vida la adolescente, quien falleció internada en un nosocomio privado debido a tres infartos que sufrió por el exceso de cocaína que tenía en su organismo.

Los hechos, según el Ministerio Público, se llevaron a cabo en una casa ubicada en una zona residencial, ubicada a cinco minutos del centro de Cuernavaca; es por ello que la dependencia resguardó el inmueble para buscar evidencias.

En una primera audiencia celebrada el 16 de noviembre pasado, los jóvenes fueron liberados por el juez Martín Eulalio Domínguez, pues consideró que la fiscalía no presentó los indicios suficientes para llevar a juicio a los jóvenes por los delitos de feminicidio y violación agravada.

En ese entonces, el juzgador consideró que la fiscalía no pudo comprobar quiénes o cuántos participaron en la violación, ni tampoco que las dos adolescentes fueran obligadas a consumir la cocaína.

El mismo día que obtuvieron su libertad, los jóvenes fueron detenidos afuera del Penal de Atlacholoaya, pero esta ocasión por los delitos de violación y homicidio calificado.

Otro juez consideró que en esa ocasión sí había suficientes elementos para iniciar el juicio oral, y otorgó a la fiscalía cuatro meses para reunir las evidencias suficientes.

La PGJE tuvo complicaciones para demostrar que las adolescentes fueron violadas de manera tumultuaria (más de una persona), pues a pesar de que se encontraron restos de semen, la dependencia no cuenta con la tecnología suficiente para demostrar a quiénes correspondían los restos detectados.

Los imputados, desde entonces, permanecen en prisión preventiva y será hasta el próximo marzo cuando se celebre la audiencia intermedia, en la que la defensa y la fiscalía anunciarán las pruebas que presentarán; pero mientras, los defensores de los detenidos buscan recuperar la propiedad en la que se presume se cometieron los hechos.