El representante legal de los afectados, Eduardo Mondragón, dijo que “tras discutir el tema, se firmó una minuta que esperamos, ahora sí, sea respetada; en la que se establecen los compromisos pero en la cual subsisten algunas diferencias que se pondrán a consideración de la Asamblea General de Comuneros y Ejidatarios”.

Y añadió que la oferta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el propio INAH, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de la representación jurídica de dichas instancias, fue en el sentido de depositar el equivalente a la indemnización de 300 de las más de 700 hectáreas.

Sin embargo, abundó, “nuestra posición es que deberá ser el 18 de marzo, si ello no ocurre, volveremos a tomar las instalaciones porque ya hemos sido objeto de mucha burla y no queremos dar las facilidades para que todo eso se repita, además de que esto debió darse desde hace algunas semanas”.

Eduardo Mondragón indicó que “la posición fue que llevaremos el convenio a la asamblea y seguramente esta determinará liberar los accesos a la zona arqueológica, por lo menos a partir de hoy viernes, cosa que en este momento desconocemos porque será la mayoría la que decida el paso a seguir”.

Sobre los montos económicos a depositar, el asesor legal indicó que sólo es cuestión de meterle lápiz, el compromiso es a razón de 80 pesos por metro cuadrado; sin embargo, lo mejor por ahora es no hablar de cifras, lo importante es que por lo menos en esta ocasión y tras la presión, las instancias gubernamentales accedieron a sentarse y discutir el problema que viene de muchos años atrás, no es cosa nueva, pero la única manera de hacerlos entender era presionar.