Destacó que “aunque es obligación del Gobierno, nosotros estamos informando al turismo nacional e internacional que no se puede acceder a las pirámides para que no vengan a perder el tiempo, y esto por ahora, es de manera indefinida hasta que tengamos una respuesta de las instancias referidas”.

Luego, abundó en el sentido de que “si no hay voluntad oficial bajo el argumento de que Hacienda no les ha liberado presupuesto, será la asamblea general la que nuevamente decida las acciones a seguir, seguramente será en el sentido de administrar nosotros lo que nos pertenece porque legalmente ya les demostramos que la tierra sigue siendo nuestra”.

Eduardo Mondragón recordó que en noviembre quedó documentalmente acreditada la propiedad ante el INAH y se hicieron los compromisos de pago; 300 hectáreas a razón de 80 pesos el metro cuadrado, es decir, 800 mil pesos por hectárea, que dadas las condiciones actuales, no es caro.

El abogado dijo que sí es redituable la zona arqueológica, “calculamos que los fines de semana el promedio de visitas supera a las 500 personas a razón de 160 pesos por boleto individual, entonces, hay recursos para poder ir resolviendo estos conflictos; no obstante, parece no haber ganas de hacerlo”.

Y manifestó que “por parte de nosotros ha habido voluntad de lograr un arreglo, hemos ido a las oficinas de Antropología en México para intentar dialogar con los altos funcionarios de esa dependencia, y nadie nos ha atendido. Hay un desprecio por los justos reclamos, lo menos que podemos hacer es ejercer el derecho en el usufructo de las 707 hectáreas”.

En tanto, el secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, reconoció que el cierre de la zona arqueológica representa una pérdida económica no sólo para la administración de ese espacio turístico, sino para el estado, porque quienes vienen con la finalidad de visitarla, dejan beneficios colaterales.

Sin embargo, ese conflicto está en otras manos pero el gobierno estatal ya hace lo que en su espacio compete.