El pasado 16 de agosto, el organismo nacional emitió la recomendación 38/2012 dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la finalidad de que ambas instituciones no sólo resarzan el daño a la familia de Jethro, sino que colaboren en los procesos administrativos y penales para deslindar responsabilidades en contra de oficiales federales y castrenses que incurrieron en diversas irregularidades el día de los hechos.

En la recomendación, la CNDH estableció que contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la vida, libertad, trato digno, integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica en agravio de Jethro y Horacio, víctimas de una detención arbitraria, retención injustificada y violencia, que finalmente desencadenaron en la pérdida de la vida del primero.

La CNDH señaló responsabilidad en los hechos de 10 agentes de la policía federal que “omitieron poner inmediatamente a V1 y V2 (Jethro y Horacio), a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y de manera irregular, permitieron que los elementos de la Sedena se los llevaran detenidos sin dar parte al agente del Ministerio Público, a fin de que tuvieran conocimiento de que esas personas habían quedado bajo la custodia de elementos del Ejército Mexicano.”

Es decir, este grupo de federales “incurrieron en una responsabilidad por omisión consistente en permitir, tolerar y dar su anuencia para que los elementos de la Sedena se llevaran a las víctimas, vulnerándose con ello un deber de cuidado a su cargo precisamente para que V1 y V2 no fueran detenidos de manera arbitraria y prevenir con dicho cuidado, que fueran objeto de otros agravios como finalmente sucedió.”

Por otra parte, la CNDH solicitó al titular de la Sedena reparar el daño ocasionado a la familia del Jethro e intensificar la aplicación del “Programa de Derechos Humanos S.D.N. 2008-2012”, a mandos medios y tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, poniendo especial énfasis en los elementos militares integrantes del 21/o Batallón de Infantería en Cuernavaca.

Además, elaborar y emitir una circular dirigida a todos los elementos del ejército mexicano que participen en acciones de seguridad pública, para que omitan utilizar las instalaciones militares como centros de detención y pongan a disposición inmediata y sin demora alguna, a los detenidos ante el agente del Ministerio Público que corresponda.

Asimismo, el organismo emplazó a la Sedena y a la SSP federal a colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que el organismo nacional formulará ante las Procuradurías General de la República y de Justicia Militar, respectivamente, para que inicien las investigaciones que en derecho correspondan, por tratarse de servidores públicos federales.