Dijo que “en principio, a través de la Consejería Jurídica, esta administración recurrió a una controversia constitucional porque el Congreso local emitió dos decretos, uno de ellos consistente en una ampliación presupuestal en la que incluye el pago de ese dinero, pero en una decisión unilateral.”

Luego mencionó que “estamos en espera del dictamen y si la sentencia no nos favorece, pues veremos de dónde conseguimos los fondos para tal efecto, si no es así, entonces la obligación habrá sido desechada.”

Pero el funcionario agregó que “entre los términos de esa ampliación presupuestal donde se contemplan cubrir los 100 millones de pesos, se especifica que será en función de mayores participaciones federales al estado por lo menos en tal cantidad, cosa que no ha pasado, por el contrario, hay meses en los que los recursos han venido a la baja.”

No obstante, lo anterior no implica que el Gobierno esté cerrado, se ha venido platicando con los maestros y se les ha explicado, parece que no lo entienden o no nos hacemos entender, porque siguen pidiendo el dinero, dijo.

Jaime de la Torre aceptó que el proceso en la SCJN pudiera tardar algún tiempo, “no aseguramos que su respuesta se dé antes de que concluyamos nuestra responsabilidad en el Gobierno, sin embargo, el asunto es de carácter institucional y en todo caso habrá de ser subsanado por quienes estén a cargo”.

Pero insistió en que no es una posición en contra: “simplemente las reglas de los acuerdos no se han cumplido y la administración pública no dispone de fondos de esa magnitud para poder hacerle frente a las exigencias, por ello se optó por la vía de la controversia”.