Esto derivado de que una persona que pidió amparo, por poseer y utilizar tarjetas falsificadas, a quien se le negó por unanimidad dicho amparo. La persona en cuestión, se inconformó con la sanción, al señalar que se trataba de algo inconstitucional por ser desproporcional e irrazonable (4 años y 6 meses de cárcel y al pago de 45 mil días de multa, lo que equivale a 2 millones 804 mil 850 pesos que podrían ser sustituidos por igual número de jornadas a favor de la comunidad) sin embargo, el quejoso fue considerado penalmente responsable por el delito antes referido, al utilizar en una tienda departamental dos tarjetas de débito falsificadas y tener en su poder otra más. En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la Condusef, relacionado con posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos, por cargos no reconocidos por el cliente. Bajo este contexto, la Condusef refirió que el Artículo 112 bis, del título quinto de las prohibiciones, sanciones administrativas y delitos de la Ley de instituciones de crédito, señala que, se sancionará con prisión de tres a nueve años, y de treinta mil a trescientos mil días de multa, a quien incurra en delitos de falsificación y clonación de tarjetas, así como de otros productos financieros como son: cheques o lo que se conoce como instrumentos de pago utilizados por el sistema bancario.