Los referidos operativos no serán realizados sin la autorización de los padres de familia, sostuvo la representante, al indicar que esto se hace con el fin de evitar que haya dudas o rechazo de esta medida; por lo que se ha acordado con la autoridad educativa, que no se harán revisiones en las pertenencias de los menores, sin la aceptación de los tutores.

Además, la presidenta expuso que con el mismo fin, se ha solicitado a la CDHEM que en los operativos mochila, estén presentes visitadores de ese organismo; con lo que pretenden evitar que haya violaciones a los derechos de los estudiantes.

Espinosa Velasco manifestó que la propia Comisión de Derechos Humanos, podría colaborar en la capacitación de los maestros, padres y directivos que participarán en esta medida, para que éstos sepan cómo actuar en caso de que se encuentre entre las pertenencias de los alumnos, objetos riesgosos, o incluso alguna droga, sin que las acciones a tomar, impliquen agresión de cualquier tipo para los menores de edad.

Cabe recordar que los citados “operativos mochila”, en su momento fueron cuestionados precisamente por la posible violación a las garantías de los educandos, además de considerar que no habían impactado en cuanto a resultados.

No obstante, la presidenta de la AEPAF destacó que esta medida sería positiva, dadas las circunstancias que actualmente prevalecen en el estado.

La idea de retomar esta estrategia, ha sido anunciada por las autoridades educativas, luego de que se ha señalado el clima de inseguridad que existe en el interior y exterior de los planteles escolares. No sólo en lo referente a la delincuencia, sino también al acoso escolar.

Otro hecho que ha sumado voces a favor del multicitado operativo, es la detección de una granada, que había llevado a su escuela una estudiante de primaria, y que fue reportada por sus propios compañeros; el artefacto, fue asegurado por elementos del ejército.

La presidenta de la AEPAF, enfatizó que la implementación de tal plan, se determinaría de acuerdo a la situación de cada escuela, en aquellas zonas que han sido identificadas por la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como de riesgo o de alta incidencia delictiva.