Entre otras propuestas a favor de la seguridad en la UAEM, solicita aplicar un mecanismo institucional de actuación inmediata ante la desaparición o no localización de integrantes de la comunidad universitaria que garantice la activación urgente de búsqueda y coordinación con autoridades competentes.

Para atender las necesidades de seguridad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Resistencia Estudiantil UAEM propuso en su pliego de peticiones la implementación de ocho protocolos de actuación, entre los que destaca el que denominaron “Protocolo Kimberly”, en referencia a los hechos de violencia contra la estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática Kimberly Joselin Ramos Beltrán, desaparecida y encontrada sin vida hace unas semanas.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años de edad, estudiante de la UAEM, fue reportada como desaparecida el viernes 20 de febrero, cuando se dirigía al campus Chamilpa para asistir a clases.

De acuerdo con sus familiares, ese día abordó una unidad de la Ruta 1 y fue vista por última vez cerca de las instalaciones universitarias, tras enviar un mensaje a su familia y después dejaron de contactarla.

Tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares el 21 de febrero, se activaron protocolos de búsqueda que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos; el lunes 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa al norte de Cuernavaca, en el poblado de Chamilpa, colindante con el campus universitario, para luego confirmar que se trataba de la estudiante.

Ante dicha situación, la Resistencia Estudiantil UAEM propone la implementación del “Protocolo Kimberly”, un mecanismo institucional de actuación inmediata ante la desaparición o no localización de personas integrantes de la comunidad universitaria que garantice la activación urgente de mecanismos de búsqueda y coordinación con autoridades competentes.

Otro protocolo propuesto es el institucional de seguridad, resguardo y manejo de imágenes, orientado a regular el uso del sistema de videovigilancia, garantizando a protección de datos personales, la confidencialidad de la información y la prevención de usos indebidos.

El protocolo institucional de actuación inmediata ante el robo a integrantes de la comunidad universitaria, que contemple mecanismos accesibles de reporte y respuesta oportuna. El protocolo institucional de actuación inmediata ante el robo de vehículos, que establezca procedimientos claros de reacción y coordinación institucional.

También piden se implemente un protocolo institucional de acompañamiento integral a víctimas de violencia, que incluya mecanismos de atención, denuncia, seguimiento, protección y garantía de confidencialidad, evitando en todo momento la revictimización.

El protocolo institucional de investigación, sanción y no repetición de conductas de violencia por parte del personal de seguridad universitaria, que asegure rendición de cuentas y control en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el protocolo institucional de prevención, atención y sanción de la violencia de género en espacios académicos que contemple medidas de protección inmediatas, procedimientos accesibles de denuncia y mecanismos eficaces de sanción.

El protocolo institucional de seguridad y protección en trayectos universitarios y zonas aledañas a los campus, que incluya identificación de zonas de riesgo, establecimiento de rutas seguras y coordinación con autoridades externas.

Los protocolos de actuación propuestos por la Resistencia Estudiantil UAEM son para atender las necesidades de la comunidad estudiantil de las distintas unidades académicas, escuelas, facultades y sedes regionales de la máxima casa de estudios del estado que deben ser de carácter obligatorio para garantizar una actuación inmediata, coordinada y eficaz por parte de las autoridades universitarias ante situaciones de riesgo.

Las propuestas –señalan– permitirán fortalecer las condiciones de seguridad, prevenir la violencia, la violencia de género, garantizar la atención adecuada a las víctimas y proteger de manera integral los derechos de la comunidad universitaria.