CCE prevé alza en costos y riesgo para Mipymes.

El sector empresarial encendió alertas ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, al advertir que aunque su aplicación sería paulatina, implicaría un impacto económico considerable, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Juan Ambrosio Díaz Olvera, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Cuautla y actual vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que esta medida representa un desafío operativo y financiero para los negocios formales, al incrementar sus costos y obligarlos a replantear su estructura laboral.

“Esta reducción le va a pegar al empresario como no se tiene idea”, afirmó, al enfatizar que muchos establecimientos tendrían que contratar más personal para cubrir las horas laborales, lo que se traduce en mayores gastos.

El representante empresarial consideró que el gobierno federal debe acompañar la reforma con estímulos fiscales y facilidades administrativas, particularmente en estados donde prevalecen condiciones adversas, como la inseguridad, ya que —dijo— actualmente no existen incentivos suficientes para mitigar los efectos de estos cambios.

Asimismo, cuestionó el proceso de consulta previo a la propuesta, al señalar que pese a la realización de foros a nivel nacional y local, las opiniones del sector empresarial y de la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta.

“Se hicieron foros, pero no nos hicieron caso. Hubo propuestas que ni siquiera se consideraron, como también ocurrió con otras reformas”, sostuvo.

Díaz Olvera subrayó que la reforma laboral debió construirse mediante un consenso amplio e incluyente, integrando la voz de pequeños comerciantes como propietarios de tiendas, lavanderías, tintorerías y talleres mecánicos, quienes —aseguró— serían de los más afectados por la reducción de la jornada.

De acuerdo con estimaciones del sector, el impacto económico podría oscilar entre 62 mil y 70 mil pesos anuales por empresa, una carga que, en muchos casos, supera las utilidades de los negocios más pequeños.

“Las utilidades se van a ir en recontratar personal o, en el peor de los casos, en el cierre de negocios”, advirtió.

En este contexto, también criticó que las políticas fiscales y regulatorias continúen enfocándose en el comercio formal, mientras que el comercio informal permanece sin controles efectivos.

“Pareciera que el comercio formal es la ‘piñata’, mientras que el ambulantaje no es regulado ni supervisado”, expresó.

Hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para generar condiciones que impulsen la inversión, fomenten la formalidad y fortalezcan al sector productivo, al advertir que sin estímulos adecuados no será posible generar crecimiento económico.

“No se puede generar riqueza sin incentivos. Aquí todos tenemos responsabilidad: autoridades, empresarios y ciudadanía”, concluyó.