Recientemente estuvo en Cuernavaca, invitado por el Colegio de Contadores Públicos y el de abogados, el Dr. Emilio Barriga Delgado, candidato a ocupar el cargo de Auditor Superior de Fiscalización, exponiendo un tema crucial en la gobernanza mexicana: la fiscalización superior en México.
Explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, que cuenta con autonomía técnica y de gestión. Se encarga de revisar la Cuenta Pública, incluyendo ingresos y egresos de todos aquellos que reciben o manejan recursos federales. Es decir, todo aquel que recibe recursos federales es susceptible de ser fiscalizado, incluidas universidades e institutos.
Por ello, la ASF participa en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se integran: la presidenta ciudadana del comité de participación ciudadana, que funge como presidenta del comité coordinador; la fiscalía especializada de combate a la corrupción; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y el Magistrado Presidente del TJA. Esta estructura se reproduce a nivel estatal.
Destacó el efecto exponencial que han tenido las nuevas tecnologías sobre la labor de la ASF, pues gracias a éstas, y mediante el enlace con organismos como el SAT, se localizan en un tiempo mínimo, por ejemplo, todas las operaciones que los gobiernos, poderes, entidades u organismos auditados hayan tenido con las EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y con las EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas).
Esto permite un mayor alcance y precisión de las auditorías. Por ejemplo, en 2024, por primera vez se auditó el 94% del gasto, revisando integralmente a 19 estados, incluidos todos sus municipios, así como los tres fondos federales de que disponen los ayuntamientos. Morelos fue uno de esos estados en que el alcance de la revisión fue total.
La modernización y mayor efectividad de esta importante labor de auditoría permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de todos los niveles de gobierno, los tres poderes y los diferentes organismos, garantizando así un manejo correcto y honesto de los recursos públicos que generan nuestros impuestos.
