Alrededor de 24 mil inmuebles no cuentan con registro ni certeza jurídica en Morelos; a partir de 2026, el gobierno del estado pondrá en marcha un programa de regularización: Hernández del Fabro.

Las limitaciones económicas continúan siendo el principal obstáculo para que miles de familias en Morelos puedan regularizar la propiedad de sus viviendas, situación que mantiene a cerca de 24 mil inmuebles sin registro ni certeza jurídica en la entidad.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, estas viviendas –bajo régimen de propiedad privada– presentan rezagos derivados de adeudos acumulados, falta de protocolización de adjudicaciones y procesos inconclusos de sucesiones testamentarias o intestamentarias.

Esta problemática se agrava debido a los altos costos de escrituración, que resultan inaccesibles para un amplio sector de la población.

Así lo informó Armando Hernández  del Fabro, director general jurídico de la Secretaría de Gobierno de Morelos, quien señaló que el encarecimiento de los trámites legales ha impedido que muchas familias formalicen la propiedad de su patrimonio, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica y económica.

Ante este panorama, el gobierno del estado impulsa un programa de configuración social y regularización territorial, orientado a brindar certeza jurídica a estas viviendas, con un enfoque prioritario en hogares de carácter social y ubicados en zonas de alta vulnerabilidad.

Como parte de las acciones para reducir la carga económica de los trámites, Hernández del Fabro destacó la participación del Colegio de Notarios, que acordó aplicar descuentos de hasta el 50 por ciento en los aranceles notariales con el fin de facilitar el acceso a la escrituración.

Aunado a lo anterior, dijo que se trabaja en un proyecto para gestionar subsidios en el pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas y los ayuntamientos.

En esta estrategia participan diversas instancias del Poder Ejecutivo estatal, así como dependencias federales como el Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria y el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, entre otras.

El funcionario explicó que, en el caso de predios de origen ejidal, los procesos de regularización implican mayores costos y trámites adicionales, como la obtención del dominio pleno y la inscripción de certificados parcelarios, por lo que cada caso será atendido de manera individual mediante un esquema interinstitucional.

También indicó que se trata de un programa permanente, cuyo arranque formal será en 2026. Además de la asesoría jurídica preliminar, se contempla la apertura de expedientes y la atención gratuita a la ciudadanía mediante abogados especializados, con el objetivo de orientar a las familias y reducir los costos que históricamente han impedido la regularización de su patrimonio.