Sabemos bien que estamos en un periodo de cambio político. Las pruebas están en las reformas constitucionales de finales del año pasado y las que hasta ahora se han publicado: las nuevas elecciones judiciales, la militarización del país, la eliminación de Organismos Constitucionales Autónomos clave para la tutela de derechos, entre otras. Cobra relevancia en el debate público que el Congreso de la Unión está tramitando un conjunto de reformas legales que habilitan el espionaje y la vigilancia de forma discrecional por parte del Gobierno.
La legislación reformada es la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (por el Senado), Ley de la Guardia Nacional, Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (por la Cámara de Diputados), para establecer un sistema de vigilancia sin precedentes en nuestro país, pues se autoriza a la Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia a acceder, en tiempo real, a las bases de datos biométricos, públicos y privados, como los datos bancarios, fiscales, de salud y geolocalización. Todo ello sin control judicial, es decir, sin justificación otorgada por un Juez, como sucede en los casos de las medidas precautorias o cautelares como las órdenes de aprehensión, la prisión preventiva justificada, etc. En este caso, el criterio quedará en manos del Gobierno Federal por medio de sus agencias de seguridad. Es un panorama en el que se vislumbra una vigilancia masiva y sistemática de personas.
El ejemplo más claro está en la nueva CURP biométrica, que será un requisito para acceder a servicios, propiciando la recopilación de las huellas dactilares y digitales, así como el registro del rostro, que se alojarán en una Plataforma Única de Identidad, con capacidad de monitorear a las personas en tiempo real con estos datos biométricos. En la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, promovida por el Senado de la República, introducen la “Llave MX” como una herramienta de autenticación digital que estará vinculada a la CURP biométrica. Con el reconocimiento facial, parecido al que utilizan los smartphones, las cámaras de vigilancia que coordinan los elementos de Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad podrán mantener un esquema de vigilancia permanente. Es decir, estos datos biométricos en manos del Gobierno permitirán vigilar cada compra, movimiento, transferencia e incluso actividad de teléfono celular y redes sociales de las personas. Este rastro digital estará permanentemente a disposición del Gobierno para su monitoreo.
Este nuevo marco normativo, que aún falta por aprobarse en sus Cámaras revisoras, de conformidad con el proceso legislativo federal para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, facultará a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar tareas de inteligencia con fines de “seguridad nacional”, sin necesitar de una orden judicial y sin mecanismos de control de otras agencias civiles. En suma, la discrecionalidad del espionaje con pretextos de seguridad nacional. Esta es una tendencia claramente autoritaria, habilitando el control de los asuntos públicos y privados en manos del gobierno de un partido político con proyecto hegemónico, eliminando contrapesos de poder institucionales y legislando a su favor de su proyecto en cada oportunidad.
Pero hay una argumentación que ha utilizado el Gobierno Federal, por medio de la primera mandataria, para justificar la vigilancia ante la opinión pública: la búsqueda y localización de víctimas de delitos como extorsión, secuestro o desaparición forzada. Y es que en abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) decidió activar el protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que estipula la facultad del Comité para poner a consideración de la Asamblea General de la ONU, con carácter urgente, que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte.
Esta situación generó una serie de descalificaciones por parte de los titulares del Ejecutivo y Legislativo Federales, quienes lo descartaron de forma enérgica. Hubo legisladores del partido en el poder que incluso cuestionaron la adscripción ideológica del Organismo Internacional por haberse atrevido a develar una profunda crisis del Estado Mexicano en la que, de forma sistemática y generalizada, elementos del Estado desaparecen particulares en todo el territorio nacional.
Incluso si justificáramos los alcances de esta legislación para responder ante la crisis de inseguridad y desapariciones que vivimos, apoyando la búsqueda de personas con estos nuevos mecanismos, los riesgos de un ciber ataque o ataque informático a las bases de datos que tendrá el Gobierno en su poder serán muy grandes. Ya hemos tenido lastimosas experiencias de hackeo o infiltración de la ciberdelincuencia en bases de datos gubernamentales; el riesgo es mayúsculo.
La oportunidad de generar mecanismos de investigación con parámetros internacionales en materia de derechos humanos, por medio de órdenes judiciales, comisiones civiles y auditorías externas que prevengan el abuso de poder, la vigilancia discrecional y propicien la protección de datos personales queda abandonada a la luz de un blindaje legal de vigilancia de Estado sin transparencia y sin controles. El autoritarismo avanza acompañado del “Gran Hermano”. Para mayores referencias, remitámonos a la novela clásica “1984”, de George Orwell. Si queremos entender lo que viene, hay que regresar a la lectura de los clásicos. Al tiempo.
Uzziel Ismael Becerra Estrada
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
