Los miembros de dicha organización continuaron ayer miércoles recopilando firmas en la sede principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos de Cuernavaca. Indicaron que hasta el medio día llevaban cinco mil 468 firmas de estudiantes de nivel medio superior y superior.

El presidente de la coordinación, Edgar Domínguez Sánchez, dijo que en los siguientes días habrán de seguir pidiendo firmas y apoyo de los alumnos para este movimiento pacífico en contra del alza en el transporte, por lo que tienen planeado acudir con estudiantes de la Preparatoria Dos de la UAEM, de la Preparatoria de Puente de Ixtla, así como de otros planteles del Cobaem. Recordó que la meta es contar con diez mil firmas de estudiantes para entregarlas al gobierno del estado para demostrar la voluntad de los jóvenes de este sector de que no están de acuerdo con un alza en las tarifas, como lo han demandado los transportistas.

Lamentó que las autoridades hayan declarado que no se tiene por el momento previsto autorizar un aumento, al reiterar que no les creen debido a que en la ocasión anterior se había hecho el compromiso de no incrementarlas y lo hicieron en un período vacacional, por lo que se mantendrán, insistió, en alerta.

Por otra parte, Edgar Domínguez denunció que el lunes cuando se encontraban en el módulo que instalaron en la Plaza Emiliano Zapata en el zócalo, frente al Palacio de Gobierno, dos mujeres altas “bien vestidas” se acercaron y pidieron información, y luego de explicarles a ellas el objetivo de la actividad, éstas los habrían amenazado. “Nos dijeron que si nosotros seguíamos y salíamos a las calles. Entonces, nos dijeron ‘si ustedes toman o queman una micro, los vamos a empezar a matar uno por uno’”.

Expresó que analizan pedir el apoyo a la Facultad de Derecho para levantar una denuncia formal por las amenazas al tiempo de pedir públicamente a la autoridad que les brinde seguridad en los lugares donde habrán de pedir las firmas de los estudiantes.

Finalmente, responsabilizó a los concesionarios de las rutas sobre cualquier agresión que pudieran sufrir los integrantes de la organización.