Mientras en América Latina se lucha por el desarrollo y el reconocimiento, en Estados Unidos se libra una batalla por el alma misma del país. Lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California, no es simplemente una serie de operativos migratorios: es una declaración de guerra desde el poder federal contra la dignidad de millones de personas trabajadoras, muchas de ellas latinoamericanas. Es, también, un pulso feroz entre dos visiones de nación: la supremacía autoritaria representada por Donald Trump, y una visión más humana y progresista sostenida por el gobierno demócrata de California.

En las últimas semanas, agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) han intensificado redadas masivas en centros de trabajo de Los Ángeles y sus alrededores. Se han documentado detenciones en fábricas, supermercados, obras de construcción y campos agrícolas. Al menos 330 inmigrantes han sido arrestados, la mayoría sin antecedentes penales. Lo que más alarma es que muchas de estas detenciones se realizaron sin órdenes judiciales claras, bajo un protocolo de “sospecha razonable” que se presta a abusos. Estas acciones han generado miedo, incertidumbre y una ola de indignación. Las protestas no se hicieron esperar: trabajadores, activistas, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles para exigir un alto a las redadas y a la criminalización del trabajo inmigrante. En algunas zonas, la tensión escaló hasta convertirse en disturbios. Se reportaron saqueos en al menos 23 negocios, incendios menores, enfrentamientos con la policía local y más de 200 arrestos durante las manifestaciones. En este clima de tensión, Donald Trump, quien ya ha asumido funciones de facto pese a estar en pleno año electoral, aprovechó la coyuntura para enviar un claro mensaje: “Vamos a recuperar el control de nuestras ciudades.” Bajo este lema, ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. Posteriormente, sumó otros 2,000 efectivos y un destacamento de 700 marines. Su justificación: proteger la integridad de los agentes federales y restaurar el “orden público”.

El gobernador Newsom ha calificado esta acción como un “golpe institucional” contra el estado de California, una violación abierta del federalismo estadounidense y un acto de autoritarismo. “Trump está militarizando nuestras calles para imponer miedo y propaganda. Esto no es seguridad: es opresión”, declaró Newsom, quien además anunció acciones legales para frenar el uso de tropas federales. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó esta postura y denunció que se trata de un “abuso del poder presidencial”. La situación en California es hoy un espejo de una lucha más amplia: el intento de imponer un modelo de supremacía blanca y xenófoba desde el poder federal, contra una América diversa, progresista y multicultural que resiste desde sus territorios. Trump no está solo intentando ganar votos. Está marcando territorio. Está diciendo que los inmigrantes, especialmente los latinos, no son bienvenidos, y que todo aquel que desafíe su visión será reprimido.

Pero esta vez, la narrativa no es unilateral. La comunidad inmigrante ha demostrado valentía, unidad y dignidad. Organizaciones de defensa de derechos civiles han activado redes de ayuda legal, albergues temporales y campañas de visibilización. Las protestas en Los Ángeles se han replicado en ciudades como San Francisco, Nueva York, Chicago y Austin. Lo que comenzó como una redada, se ha convertido en un movimiento nacional por la dignidad migrante. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura crítica y activa frente a los hechos. En un comunicado reciente, expresó su preocupación por la seguridad de los ciudadanos mexicanos en California y pidió al gobierno de Estados Unidos que detenga la persecución militarizada contra inmigrantes. Ha instruido a los consulados a brindar asistencia jurídica y ha reiterado la necesidad de una reforma migratoria justa. “México no se quedará callado frente a las injusticias. Nuestra comunidad merece respeto y protección, esté donde esté”, afirmó. Este posicionamiento marca una diferencia notable con anteriores administraciones mexicanas que solían guardar silencio o actuar con timidez ante los abusos en Estados Unidos. Hoy, la voz de México se escucha con más firmeza, aunque también enfrenta el dilema de cómo presionar sin tensar relaciones económicas y diplomáticas. Es una cuerda floja, pero también una oportunidad para liderar una defensa latinoamericana colectiva.

Más allá del escenario inmediato, este conflicto revela el núcleo del debate entre la supremacía americana y el espíritu latinoamericano: ¿se va a seguir construyendo una América basada en muros, tropas y redadas? ¿O se puede imaginar una América que reconozca el aporte de quienes llegan a trabajar, construir y enriquecer una nación desde abajo? Trump representa la visión imperial, la mano dura, la imposición del miedo como herramienta política. Es el viejo relato de un poder que se cree dueño del destino de millones. Pero ese relato está siendo desafiado, y no solo en las calles de Los Ángeles: también en la narrativa política, en la movilización comunitaria y en el liderazgo latinoamericano que empieza a levantar la voz.

En este contexto, América Latina no puede quedarse como espectadora. La región debe unir fuerzas, exigir respeto a sus ciudadanos en el extranjero y articular una agenda común de defensa de los derechos humanos. Lo que se vive en Los Ángeles es un capítulo más de una historia de dominación, pero también puede ser el inicio de una nueva resistencia continental.

La supremacía americana está mostrando su rostro más crudo, pero América Latina no está derrotada. Está despierta. Está indignada. Y está lista para responder.